Este martes 9 de junio de 2026, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, presentó en el Congreso del Estado de Puebla dos iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la protección del patrimonio de las y los poblanos frente a delitos que afectan su seguridad económica y personal.
En una rueda de prensa, Suriano Corrales anunció una reforma para sancionar con penas de prisión a empleados de instituciones bancarias que, desde dentro de las sucursales, colaboren o proporcionen información a grupos delictivos que cometen robos contra cuentahabientes, especialmente en casos conocidos como “salideras bancarias”. Esta modalidad delictiva ha generado un grave impacto social, pues vulnera la confianza y la seguridad de quienes realizan retiros de efectivo, afectando directamente a las familias trabajadoras.
La diputada destacó que esta iniciativa también contempla responsabilidades para el personal de seguridad privada que pudiera actuar como cómplice, facilitando la operación de estas bandas criminales. La propuesta busca cerrar un vacío legal que permite la complicidad interna, un factor que agrava la desigualdad y la impunidad en el sistema financiero.
Además, Fedrha Suriano presentó una propuesta para tipificar el delito de “montachoques”, una práctica que consiste en provocar accidentes viales intencionalmente para extorsionar a conductores mediante amenazas y exigencias de pagos inmediatos. La iniciativa plantea sanciones de dos a ocho años de prisión para quienes participen en estos esquemas fraudulentos, con el fin de proteger a los automovilistas poblanos, especialmente en zonas urbanas donde este fenómeno ha sido denunciado con creciente frecuencia.
Ambas iniciativas reflejan un compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos colectivos, al buscar fortalecer el marco legal contra delitos que afectan la seguridad y el patrimonio de las familias en Puebla. La diputada hizo un llamado a las comisiones legislativas para avanzar en el análisis y discusión de estas propuestas en el Pleno del Congreso del Estado, con la urgencia que demanda la protección de la ciudadanía frente a la violencia económica y la extorsión.
En un contexto donde la desigualdad y la inseguridad continúan siendo retos fundamentales, estas medidas representan un paso necesario para garantizar que las instituciones y sus trabajadores no se conviertan en cómplices de la delincuencia, y para brindar mayor seguridad a quienes luchan día a día por su bienestar y el de sus comunidades.
