El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó en entrevista con Bloomberg que su país ha decidido no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde el 1 de julio de 2020, y en su lugar implementará revisiones anuales del pacto. Esta medida, anunciada el miércoles 1 de julio de 2026, podría generar incertidumbre para las empresas que operan en las cadenas de suministro de la región, afectando sectores estratégicos como la industria automotriz, agrícola y energética.
La decisión de Estados Unidos, bajo la administración del expresidente Donald Trump, implica un cambio en la dinámica del acuerdo, que hasta ahora contemplaba una revisión sexenal para evaluar su funcionamiento y definir una posible extensión de vigencia. En lugar de una renovación a largo plazo, las revisiones anuales podrían abrir la puerta a negociaciones más tensas sobre las reglas que regulan el comercio en Norteamérica.
En respuesta a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró durante una conferencia el mismo miércoles 1 de julio que el tratado no se cancela. Explicó que, si Estados Unidos no envía la notificación correspondiente, el T-MEC se mantendría vigente por 10 años más, es decir, hasta 2036. “No es una fecha límite hoy, sino que si no se envía la carta por parte de Estados Unidos en los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia. Solamente que queda una revisión anual y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual”, afirmó la mandataria.
Además, Sheinbaum adelantó que una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) viajará a México el próximo 20 de julio para continuar las conversaciones derivadas de esta revisión. Este proceso marca el inicio formal de las negociaciones entre los tres socios norteamericanos para definir el futuro del acuerdo.
Este anuncio pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos comerciales bajo la lógica capitalista que prioriza la incertidumbre y la competencia sobre la estabilidad y el desarrollo conjunto. Para México, un país que históricamente ha luchado por consolidar su soberanía económica y proteger los derechos de sus trabajadores, la revisión anual del T-MEC representa un reto que debe abordarse con firmeza y visión social, buscando siempre el beneficio colectivo y la justicia económica.
En este contexto, es fundamental que el Estado mexicano fortalezca sus políticas públicas y sistemas de transporte que favorezcan la integración social y económica, como el cablebús que se construye en Puebla, un proyecto que, aunque no relacionado directamente con el T-MEC, simboliza la apuesta por soluciones que mejoran la calidad de vida de las comunidades y combaten la desigualdad estructural. La defensa de estos proyectos debe ser parte de una estrategia integral para enfrentar los desafíos que impone un sistema económico globalizado y desigual.