Paulina Gonz\u00e1lez Garibay fue empleada de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) en el \u00e1rea de CFE-Distribuci\u00f3n, dentro de las Oficinas Divisionales en Puebla, Puebla. Seg\u00fan los registros p\u00fablicos, en su declaraci\u00f3n patrimonial de modificaci\u00f3n 2024, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, report\u00f3 un ingreso neto anual de $60,343,974 pesos por su cargo p\u00fablico. Este monto, que supera ampliamente los salarios habituales dentro del sector p\u00fablico energ\u00e9tico, ha llamado la atenci\u00f3n tanto de la opini\u00f3n p\u00fablica como de las autoridades.<\/p>\n
El 27 de febrero de 2025, la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad, a trav\u00e9s de la Divisi\u00f3n de Distribuci\u00f3n Centro Oriente en Puebla, emiti\u00f3 una carta oficial en la que se restringe el acceso de Gonz\u00e1lez Garibay a las instalaciones de la empresa. El oficio, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, instruy\u00f3 a la empresa de vigilancia Secumax a no permitirle la entrada “por ning\u00fan motivo”. Adem\u00e1s, el documento solicita a los encargados de seguridad m\u00e1xima discreci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de esta medida.<\/p>\n
Este caso evidencia una contradicci\u00f3n alarmante: mientras algunos funcionarios reportan ingresos extraordinariamente altos, la mayor\u00eda de los trabajadores y jubilados del sector p\u00fablico enfrenta condiciones cada vez m\u00e1s adversas. A la par de esta noticia, m\u00e1s de 93 mil jubilados de organismos estatales como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro viven con la amenaza de perder hasta el 60% de sus ingresos mensuales. Esta situaci\u00f3n se debe a la reforma al art\u00edculo 127 constitucional, que elimina las llamadas \u201cpensiones doradas\u201d y establece un tope m\u00e1ximo de $67,145 pesos mensuales para el a\u00f1o 2026, exceptuando \u00fanicamente a integrantes de las fuerzas armadas.<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n retroactiva de esta reforma ha generado una ola de inconformidad, protestas legales y la formaci\u00f3n de un Frente Nacional de Defensa de los derechos de las personas jubiladas. Diversos especialistas han se\u00f1alado que la medida contraviene el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el art\u00edculo 14 constitucional, y pone en riesgo la estabilidad econ\u00f3mica de quienes dedicaron su vida laboral al servicio p\u00fablico.<\/p>\n
En un pa\u00eds marcado por la desigualdad y el abuso de poder corporativo, estos hechos ponen de relieve la urgencia de mantener la vigilancia ciudadana y la defensa de los derechos colectivos. Las luchas hist\u00f3ricas por la justicia social y la equidad econ\u00f3mica exigen transparencia, rendici\u00f3n de cuentas y un trato justo a quienes han trabajado en beneficio de la sociedad. Resulta indispensable que las instituciones p\u00fablicas respondan ante estos contrastes y privilegien, siempre, el inter\u00e9s social por encima del lucro y la concentraci\u00f3n de poder.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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