A partir del viernes 9 de enero de 2026, en M\u00e9xico comenz\u00f3 el registro obligatorio de l\u00edneas celulares, una medida impulsada bajo el argumento de reforzar los controles de seguridad y la verificaci\u00f3n de identidad para combatir los fraudes telef\u00f3nicos. Sin embargo, a pesar de la insistencia oficial, la respuesta de la poblaci\u00f3n ha sido limitada y evidencia el escepticismo social ante pol\u00edticas de control que, hist\u00f3ricamente, han favorecido la concentraci\u00f3n de poder y la vigilancia sobre los derechos individuales y colectivos.<\/p>\n
A un mes de que finalice el tiempo l\u00edmite para la vinculaci\u00f3n de l\u00edneas m\u00f3viles en el pa\u00eds, la Comisi\u00f3n Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inform\u00f3 que el registro no ha alcanzado los resultados esperados. De aproximadamente 158 millones de l\u00edneas telef\u00f3nicas existentes, s\u00f3lo alrededor de 30 millones han sido registradas, lo que representa menos del 30% de la poblaci\u00f3n usuaria desde el inicio del proyecto de seguridad.<\/p>\n
De acuerdo con los Lineamientos para la Identificaci\u00f3n de L\u00edneas Telef\u00f3nicas M\u00f3viles, publicados en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n, los proveedores de servicios deber\u00e1n deshabilitar temporalmente las l\u00edneas que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensi\u00f3n, que entrar\u00e1 en vigor a partir del 1\u00b0 de julio de 2026, permitir\u00e1 \u00fanicamente llamadas a n\u00fameros de emergencia como 911, 089 y 088, as\u00ed como a l\u00edneas de soporte del operador. Es importante se\u00f1alar que la suspensi\u00f3n del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales, por lo que deber\u00e1n continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la l\u00ednea est\u00e9 restringido.<\/p>\n
La baja colaboraci\u00f3n en el registro de l\u00edneas refleja el escepticismo de la poblaci\u00f3n mexicana ante medidas que, bajo el pretexto de la seguridad, pueden vulnerar derechos fundamentales y profundizar la desigualdad en el acceso a la comunicaci\u00f3n. Esta resistencia social, que ha sido una constante en la lucha por los derechos colectivos, pone en entredicho la legitimidad de pol\u00edticas que priorizan el control sobre el bienestar de la mayor\u00eda.<\/p>\n
Ante este panorama, la CRT ha lanzado una campa\u00f1a nacional para incentivar la participaci\u00f3n, centrando su estrategia en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, incluyendo el transporte p\u00fablico como Metro y Metrob\u00fas. Sin embargo, la realidad es que, a un mes de que finalice el plazo l\u00edmite, alrededor de 128 millones de l\u00edneas telef\u00f3nicas a\u00fan no han sido registradas.<\/p>\n
La experiencia hist\u00f3rica demuestra que las pol\u00edticas impuestas sin un verdadero consenso social y sin atender las causas estructurales de la desigualdad tienden a fracasar o a profundizar la desconfianza ciudadana. El reto sigue siendo construir soluciones que garanticen la seguridad sin sacrificar los derechos y la igualdad de acceso a la comunicaci\u00f3n, en un pa\u00eds donde la justicia social debe ser el eje rector de toda pol\u00edtica p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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