El pasado fin de semana, a trav\u00e9s de redes sociales, presuntos trabajadores de los restaurantes asi\u00e1ticos Deigo Ramen y Deigo Sushi, propiedad del influencer y empresario mexicano Luisito Comunica y sus socios, denunciaron la falta de reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025. Seg\u00fan la empresa, no habr\u00e1 pago de utilidades porque supuestamente \u00abno se generaron ganancias sujetas a distribuci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
La denuncia, que se difundi\u00f3 mediante una cuenta de tendencias, incluye el testimonio de un supuesto empleado que se\u00f1ala una incongruencia evidente: mientras la empresa afirma no tener utilidades para repartir, contin\u00faa abriendo nuevas sucursales, centros de producci\u00f3n y estableciendo alianzas comerciales. <\/p>\n
Los se\u00f1alados como responsables directos son Yoshitake Yanagi Casillas, junto con Luisito Comunica, Oscar Meza, Lalo Villar, Ari Tenorio y una nueva socia llamada Lily Chenlu.<\/p>\n
Entre las acusaciones destacan pr\u00e1cticas laborales cuestionables: un \u00abbono\u00bb de silencio de apenas 2 mil pesos para evitar protestas por la falta de utilidades; presuntas maniobras para evadir al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) mediante cambios anuales de raz\u00f3n social sin informar a los trabajadores; sueldos pagados parcialmente \u00abpor debajo de la mesa\u00bb, con empleados dados de alta con salarios menores y complementos en efectivo o transferencias; as\u00ed como descuentos injustificados en propinas por faltas o llegadas tard\u00edas, bajo la justificaci\u00f3n de que \u00abel restaurante lo requiere\u00bb. Adem\u00e1s, se denuncia un ambiente de terrorismo laboral y condiciones precarias en las sucursales, que seg\u00fan los trabajadores, \u00abse est\u00e1n cayendo a pedazos\u00bb, por lo que solicitan una inspecci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Federal para la Protecci\u00f3n contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).<\/p>\n
Es importante recordar que el pago de utilidades es un derecho constitucional para los trabajadores. Sin embargo, la ley permite que una empresa no realice este pago si demuestra legalmente ante las autoridades que no obtuvo ganancias. Hasta el momento, estas acusaciones permanecen en el \u00e1mbito de las redes sociales, sin confirmaci\u00f3n ni resoluci\u00f3n oficial por parte de las autoridades laborales.<\/p>\n
Este caso pone en evidencia la persistente lucha por los derechos laborales y la justicia social en un pa\u00eds donde la desigualdad econ\u00f3mica sigue siendo un desaf\u00edo. La defensa de los derechos colectivos y la transparencia en las relaciones laborales son fundamentales para avanzar hacia una sociedad m\u00e1s justa, donde el crecimiento empresarial no se d\u00e9 a costa de la explotaci\u00f3n y precarizaci\u00f3n de los trabajadores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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