La Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n del Congreso de Nuevo Le\u00f3n aprob\u00f3 el jueves 10 de junio de 2026 iniciar un juicio pol\u00edtico contra Samuel Garc\u00eda, gobernador de la entidad, por la presunta triangulaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos hacia despachos vinculados con sus familiares. <\/p>\n
La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos d\u00edas despu\u00e9s, el Congreso decidi\u00f3 dar tr\u00e1mite al procedimiento contra el mandatario estatal. Aunque no todos los diputados de Morena asistieron a la sesi\u00f3n, esto no impidi\u00f3 la discusi\u00f3n y votaci\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Tras la decisi\u00f3n mayoritaria de la Comisi\u00f3n Anticorrupci\u00f3n, Samuel Garc\u00eda ser\u00e1 notificado y contar\u00e1 con un plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles para responder. Podr\u00e1 comparecer ante el Poder Legislativo local por escrito o de manera presencial, conforme al procedimiento establecido. <\/p>\n
El origen de este proceso se relaciona con una investigaci\u00f3n revelada en abril de 2026, cuando se inform\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) indaga al gobernador por presuntamente orquestar un esquema financiero para desviar recursos p\u00fablicos y lavar m\u00e1s de mil millones de pesos. <\/p>\n
Las indagatorias apuntan a que el mandatario estatal utiliz\u00f3 un modelo de triangulaci\u00f3n de fondos gubernamentales para beneficiar directamente a su c\u00edrculo familiar. A trav\u00e9s de diversas empresas, organismos p\u00fablicos y proyectos de infraestructura, se habr\u00eda favorecido al despacho \u201cFirma Jur\u00eddica y Fiscal Abogados\u201d, cuyos principales accionistas son familiares de Samuel Garc\u00eda: su padre, Samuel Orlando Garc\u00eda Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando Garc\u00eda Villarreal. <\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el gobierno estatal canaliz\u00f3 recursos p\u00fablicos mediante mecanismos financieros que terminaban en las cuentas del despacho familiar. Posteriormente, los fondos eran distribuidos a otras empresas, principalmente a la compa\u00f1\u00eda \u201cSaga Tierras y Bienes Inmuebles\u201d, que presuntamente recibi\u00f3 transferencias por m\u00e1s de mil millones de pesos. <\/p>\n
Finalmente, los recursos de esta empresa inmobiliaria fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera del pa\u00eds, incluso a cuentas en Estados Unidos, con el supuesto objetivo de dificultar el rastreo financiero y ocultar el origen p\u00fablico de los recursos. <\/p>\n
Samuel Garc\u00eda ha rechazado las acusaciones, calific\u00e1ndolas como un \u201crefrito\u201d. Asegur\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de Justicia de Nuevo Le\u00f3n ya investig\u00f3 estos hechos y emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n de no ejercicio de la acci\u00f3n penal. En sus redes sociales, afirm\u00f3 que \u201cson falsos todos los se\u00f1alamientos\u201d y que la Fiscal\u00eda estatal determin\u00f3 que no existe irregularidad tras analizar las pruebas. <\/p>\n
Este caso pone en evidencia la persistente lucha contra la corrupci\u00f3n y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas en el manejo de recursos p\u00fablicos. La justicia social exige que se esclarezcan estos hechos para proteger el patrimonio colectivo y garantizar que los recursos p\u00fablicos se utilicen en beneficio de la sociedad, no para favorecer intereses privados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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