La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) resolvi\u00f3, por unanimidad, invalidar el informe emitido por la Auditor\u00eda Superior del Estado de Guerrero que se\u00f1alaba a Abelina L\u00f3pez Rodr\u00edguez, alcaldesa con licencia de Acapulco, por un probable da\u00f1o al erario p\u00fablico debido a la falta de comprobaci\u00f3n del destino de 898 millones de pesos provenientes de aportaciones federales.<\/p>\n
Esta decisi\u00f3n se concret\u00f3 tras la presentaci\u00f3n del proyecto por parte del ministro Ar\u00edstides Guerrero Garc\u00eda, quien sostuvo que la revisi\u00f3n de recursos federales corresponde exclusivamente a la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF), y no a instancias estatales. En mayo de 2025, el ayuntamiento de Acapulco interpuso una controversia constitucional contra la Auditor\u00eda Superior de Guerrero, luego de que esta emitiera un informe con diez promociones de responsabilidad administrativa y un pliego de observaciones contra L\u00f3pez Rodr\u00edguez por presunta opacidad en el manejo de recursos entregados en 2023.<\/p>\n
La alcaldesa con licencia, militante de Morena, argument\u00f3 en su demanda que la solicitud de informaci\u00f3n para conocer el destino de los 898 millones de pesos constituye un acto de molestia que vulnera la libre administraci\u00f3n de recursos y la autonom\u00eda hacendaria del municipio. Por su parte, la Auditor\u00eda Superior de Guerrero defendi\u00f3 su facultad para fiscalizar la hacienda municipal y el manejo de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n
No obstante, el ministro ponente enfatiz\u00f3 que las aportaciones federales, entregadas a trav\u00e9s de fondos, mantienen su naturaleza federal, por lo que la fiscalizaci\u00f3n debe ser competencia exclusiva de la ASF. Con esta resoluci\u00f3n, la SCJN dej\u00f3 sin efectos los informes de la Auditor\u00eda Superior de Guerrero sobre el gobierno de L\u00f3pez Rodr\u00edguez, quien solicit\u00f3 licencia para buscar la candidatura a gobernadora del estado.<\/p>\n
Este fallo refleja una tensi\u00f3n hist\u00f3rica entre la autonom\u00eda municipal y la fiscalizaci\u00f3n estatal, en un contexto donde la transparencia y el manejo responsable de los recursos p\u00fablicos son fundamentales para combatir la desigualdad y fortalecer la justicia social. La decisi\u00f3n tambi\u00e9n subraya la necesidad de mecanismos claros y efectivos para la supervisi\u00f3n de fondos federales, que deben garantizarse en beneficio de las comunidades y no quedar atrapados en disputas burocr\u00e1ticas que obstaculizan la rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n