Rosa Isela Sánchez Soya, actual Comisionada Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha solicitado formalmente una reunión en el penal de Ciudad Serdán con Tania N., quien fuera su amiga y compañera durante su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla. Ambas mujeres mantuvieron una relación cercana en el pasado, cuando coincidieron en actividades partidistas.
Tania N. se encuentra actualmente privada de la libertad en el penal de Ciudad Serdán, acusada de nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y vinculada a un doble homicidio en la zona metropolitana de Puebla. Su detención ocurrió en el contexto de la última campaña electoral, cuando fungía como suplente a la diputación local por el PRI, acompañando a Delfina Pozos.
El acercamiento de Rosa Isela Sánchez Soya al penal fue inicialmente tramitado ante el área de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, con el argumento de entregar medicamentos. Sin embargo, posteriormente, la titular de la Comisión de Derechos Humanos exigió, mediante oficio, una reunión privada no solo con Tania N., sino también con otras internas del penal, entre ellas María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Gudalupe L., Lilia M. y Estefani L.
La visita está programada, de acuerdo con la información disponible, para este lunes 18 de mayo. Rosa Isela Sánchez Soya ingresará acompañada de visitadores de la Comisión de Derechos Humanos, quienes estarán encargados de realizar entrevistas y recabar expedientes de las internas mencionadas. La participación de otros visitadores adjuntos fue solicitada directamente por la comisionada.
Este encuentro, más allá de las circunstancias personales que unen a Sánchez Soya y Tania N., pone en relieve la importancia de la vigilancia y el respeto a los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad, independientemente de las acusaciones que enfrenten. Desde este espacio, reiteramos la necesidad de fortalecer los principios de justicia social y transparencia en todas las instancias del sistema penitenciario, así como el compromiso de las autoridades para garantizar la igualdad de trato y el respeto a los derechos colectivos.
