La desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, tras acudir a un procedimiento estético en la clínica “Detox” de Calzada Zavaleta, representa una nueva alerta sobre las condiciones de inseguridad y desprotección que persisten en servicios privados que priorizan la ganancia por encima de la vida y el bienestar de las personas.
El 18 de mayo, Blanca Adriana fue vista por última vez al ingresar a dicho establecimiento. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, la mujer fue trasladada inconsciente en un vehículo Mini Cooper. Este automóvil fue recientemente localizado por las autoridades, pero en su interior no se halló ningún rastro de la paciente, quien permanece desaparecida.
Como parte de las investigaciones, la FGE efectuó un cateo en las instalaciones de la clínica. Sin embargo, no logró ubicar a la presunta responsable, Diana Alejandra Palafox Romero, ni a su hijo ni a la asistente que laboraba en el lugar. Los tres se encuentran ahora prófugos y son buscados activamente por las autoridades.
Este caso, lamentablemente, se suma a otros incidentes que revelan la falta de regulación y supervisión efectiva en clínicas privadas, muchas de las cuales operan al margen de los controles sanitarios y legales mínimos. Es deber del Estado garantizar el acceso a servicios de salud seguros, accesibles y dignos para toda la población, combatiendo la impunidad y la desigualdad que permiten la proliferación de prácticas médicas peligrosas bajo lógicas de mercado.
Resulta urgente reforzar la vigilancia y regulación sobre quienes lucran con la salud, así como proteger los derechos colectivos a la información, la seguridad y la justicia. La lucha histórica por la igualdad y la justicia social exige respuestas claras, sanciones ejemplares y un compromiso decidido para que casos como el de Blanca Adriana no se repitan. La sociedad merece instituciones y servicios que antepongan la vida y el bienestar, no el interés privado y la impunidad.
