El presidente Donald Trump firmó este lunes una nueva orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”. Esta medida, fechada el 19 de mayo de 2026, impone mayores obligaciones de vigilancia a bancos y entidades financieras, y podría tener consecuencias directas para millones de familias mexicanas que dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
La orden ejecutiva no menciona de manera explícita la palabra “remesas”, pero sus disposiciones apuntan con claridad a las transferencias de dinero que realizan los migrantes. El documento instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de 60 días, un aviso formal dirigido a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con ciertos tipos de transferencias internacionales. Entre los puntos señalados se encuentran las transferencias transfronterizas de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y los patrones de depósitos o retiros repetitivos en pequeñas cantidades, relacionados a menudo con ciclos de nómina.
Además, la orden exige reforzar los programas de identificación de clientes. Esto incluye la posibilidad de que los bancos soliciten información sobre el estatus migratorio de los usuarios, cuando detecten señales consideradas de riesgo. En particular, la orden menciona el uso del ITIN (número de identificación fiscal individual), que ha sido una herramienta fundamental para que migrantes indocumentados puedan abrir cuentas y enviar dinero a sus familias. Ahora, su uso podría considerarse un factor de riesgo que requiere una revisión más estricta, lo cual representa un obstáculo adicional para quienes ya enfrentan barreras importantes para acceder al sistema bancario.
El impacto social de esta medida es innegable. México es el tercer país receptor de remesas a nivel mundial. Según cifras oficiales del Banco de México, en 2025 se recibieron más de 64 mil millones de dólares en remesas, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Estas transferencias no solo representan un apoyo vital para millones de hogares mexicanos, sino que son resultado de décadas de esfuerzo y sacrificio de trabajadores migrantes, quienes han enfrentado históricamente condiciones de desigualdad y discriminación.
La nueva orden ejecutiva de Trump no prohíbe el envío de remesas, pero alienta a los bancos a aumentar su vigilancia, pedir documentación adicional y, en ciertos casos, rechazar transacciones de migrantes sin estatus legal regular. Esta medida podría profundizar la exclusión financiera y limitar el acceso a recursos fundamentales como créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos. La instrucción a los reguladores financieros federales —como la Reserva Federal y la FDIC— para emitir nuevas guías sobre el manejo de riesgos crediticios hacia la población migrante anticipa un endurecimiento de las condiciones para esta comunidad.
Desde nuestra perspectiva, esta medida representa un retroceso en los derechos de quienes han contribuido durante generaciones al desarrollo de Estados Unidos y México. La vigilancia y los obstáculos adicionales a las remesas afectan directamente a las familias trabajadoras, perpetuando la desigualdad y dificultando la lucha por una vida digna y justa. Como medio comprometido con la justicia social, la igualdad económica y los derechos colectivos, consideramos fundamental denunciar políticas que refuercen la exclusión y la discriminación de los sectores más vulnerables de la sociedad.
