Tres días después de la desaparición de Blanca Adriana Vázquez, la Secretaría de Salud del estado de Puebla colocó sellos de suspensión en la clínica Detox, ubicada en la Calzada Zavaleta. Esta medida se tomó tras confirmarse que la joven fue vista por última vez con vida al ingresar a dicho establecimiento para someterse a un procedimiento estético.
La tragedia, ocurrida el lunes 18 de mayo, puso en evidencia las graves consecuencias de la operación clandestina de clínicas privadas que, bajo el amparo de la impunidad y la falta de regulación, ponen en riesgo la vida de las personas. El pasado martes 19 de mayo, tras una inspección, el inmueble quedó asegurado por las autoridades, quienes mantienen abierta una investigación por el delito de usurpación de profesión.
Las investigaciones han revelado que la propietaria de la clínica, quien se hacía llamar indistintamente Diana, Giovanna o Juana, no cuenta con cédula profesional que la acredite como médica o cirujana estética. Operaba en la clandestinidad y utilizaba nombres falsos para evadir la ley, perpetuando así una práctica que atenta contra la salud pública y la dignidad de quienes buscan atención médica segura.
Arturo, el dueño del edificio, relató que hace tres meses rentó el penthouse del segundo piso a una mujer identificada como Diana, quien le aseguró que residiría ahí junto a su hijo, Carlos. Nunca le mencionó que instalaría una clínica, lo que evidencia la falta de transparencia y la facilidad con la que se pueden vulnerar los controles en el sector privado.
Actualmente, la supuesta doctora, su hijo Carlos y la recepcionista del lugar son los principales sospechosos de la desaparición de Blanca Adriana. La sospecha se fortaleció con los videos de las cámaras de seguridad, donde se observa que el lunes 18 de mayo, minutos después de las 19:00 horas, los implicados sacaron un bulto —que era la víctima— y lo subieron a un vehículo.
Este día, se confirmó la noticia de que Blanca Adriana fue localizada sin vida en Atltzayanca, Tlaxcala. Su cuerpo fue hallado en una zanja en la calle 4 Norte, en el municipio referido del estado vecino, luego de que autoridades recibieran una llamada al 911 reportando a una mujer desmayada.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer la regulación y supervisión sobre los establecimientos de salud privados, así como de garantizar el acceso a servicios médicos seguros y dignos para todas las personas. La lucha histórica por la justicia social y la igualdad exige que no se permita que intereses privados y la búsqueda de lucro pongan en peligro la vida y los derechos de la ciudadanía. La impunidad y la desigualdad estructural solo podrán erradicarse con la acción decidida de las autoridades y la vigilancia permanente de la sociedad.
