El próximo jueves 28 de mayo de 2026 comenzará en el juzgado de lo Penal de Zamora el juicio contra Pedro G., un ganadero de 60 años acusado de homicidio imprudente tras el ataque mortal de sus perros a Arancha C., una joven de 27 años. Los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2023 en los alrededores de Roales del Pan, un pequeño municipio de mil habitantes en Zamora.
Arancha, auxiliar de enfermería y residente en Roales del Pan, salió a correr con su perro cuando fue atacada por siete perros sueltos que custodiaban el rebaño de ovejas de Pedro G. La joven logró alertar por teléfono a su madre mientras sufría más de 100 mordeduras, pero falleció antes de que pudieran socorrerla. La Fiscalía reclama una pena de dos años y medio de prisión, mientras que la familia de la víctima solicita cuatro años y una indemnización de 250,000 euros.
La Guardia Civil inició la investigación tras recibir el aviso del ataque. Los perros, tres mastines, dos pastores alemanes y dos crías, fueron intervenidos y posteriormente sacrificados en un centro veterinario en Simancas, Valladolid. El acusado se negó a declarar durante su arresto y fue liberado tras un recurso judicial, permaneciendo a la espera del juicio.
Los testimonios recogidos en Roales del Pan y La Hiniesta, donde se encuentra la explotación ganadera de Pedro G., coinciden en que los perros estaban habitualmente sueltos y causaban molestias y peligros a los vecinos, deportistas y agricultores que transitaban por los caminos rurales. Vecinos expresaron su preocupación por la falta de control sobre los animales, señalando que incidentes similares habían ocurrido con anterioridad, incluyendo la muerte de un perro pequeño.
Este caso pone en evidencia la necesidad de responsabilidad y control en la tenencia de animales potencialmente peligrosos, especialmente cuando su descontrol puede costar vidas humanas. La justicia social exige que se protejan los derechos colectivos y la seguridad de las comunidades rurales frente a negligencias que perpetúan la desigualdad y el riesgo para la población. El juicio de este jueves será un paso fundamental para que se reconozca la gravedad de estos hechos y se impongan las sanciones correspondientes.
