El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026 un proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de México para incluir la figura de “intervención extranjera” como causa de nulidad en las elecciones.
El dictamen modifica el artículo 41 constitucional, estableciendo que la intervención extranjera será motivo para anular comicios cuando se compruebe que dicha injerencia fue grave, dolosa y determinante para el resultado electoral. La reforma fue aprobada con 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, y ahora debe recibir el visto bueno del Senado para su entrada en vigor.
La iniciativa fue impulsada por el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien propuso también reformas legales complementarias para fortalecer esta figura. La definición de intervención extranjera incluye el financiamiento ilícito, la propaganda, la difusión sistemática de desinformación, la manipulación digital y la intervención directa de gobiernos u organismos extranjeros.
Durante la discusión, legisladores de oposición manifestaron su preocupación de que esta reforma pueda ser utilizada como una herramienta política para anular resultados electorales en caso de una eventual derrota de Morena en los próximos comicios.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma y recordó que en el pasado se han registrado financiamientos desde el extranjero a candidatos y organizaciones en México. Subrayó la importancia de que “en México decidimos los mexicanos” ante la ofensiva extranjera que, dijo, se está observando actualmente.
Además, este jueves las y los diputados aprobaron en lo general un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, enfocadas en garantizar la integridad en las candidaturas.
Estas reformas se discuten en un contexto de sesiones extraordinarias que el Congreso mexicano inició esta semana, con la urgencia de aprobar cuatro iniciativas antes de que concluya mayo. Esto es fundamental para cumplir con el plazo de 90 días previo al inicio del calendario electoral de 2027, año en que se elegirán más de la mitad de los gobernadores del país, 500 diputados federales y otros cargos locales.
La aprobación de estas reformas representa un avance en la defensa de la soberanía electoral y la protección de los derechos colectivos frente a las amenazas externas, en un país donde la lucha histórica por la justicia social y la igualdad política demanda mecanismos claros para evitar la manipulación y el intervencionismo que profundizan la desigualdad y la injusticia.
