En los meses previos al inicio del Mundial, que comenzará el próximo 10 de junio, las tarifas de hospedaje temporal en plataformas como Airbnb, Booking y Expedia han experimentado un aumento alarmante, reflejando una especulación que afecta directamente a la población y a quienes buscan alojamiento digno y accesible.
En la Ciudad Central, que comprende las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, los precios han subido hasta un 900% en apenas cinco meses. Un caso emblemático es el de la colonia Roma Norte, donde un departamento de dos habitaciones que a principios de año se rentaba en 40 mil pesos para el periodo del 10 de junio al 20 de julio, ahora se oferta en 400 mil pesos, según datos consultados el martes pasado.
Esta tendencia se replica en el corredor Reforma, donde viviendas que hace cinco años se rentaban en 12 mil pesos mensuales, hoy alcanzan los 103 mil pesos bajo esquemas de espacios compartidos, evidenciando un fenómeno de especulación que profundiza la desigualdad y limita el acceso a la vivienda digna.
La dinámica de precios varía según la cercanía con el Estadio Ciudad de México. En colonias aledañas como Viveros de Coyoacán, Cafetales y Pedregal de Santa Úrsula, la oferta de corta estancia comienza en 49 mil pesos para departamentos sencillos y puede superar el millón de pesos en residencias de cuatro recámaras.
Sin embargo, esta escalada de precios no ha garantizado la ocupación esperada. La falta de reservaciones ha comenzado a comprometer el modelo de negocio de los anfitriones, quienes se han visto obligados a aplicar descuentos para evitar pérdidas operativas durante el evento deportivo.
Hacia el cierre de mayo, se verificó que en alojamientos temporales ubicados en Pedregal de Santa Úrsula y La Candelaria, la oferta de habitaciones disminuyó hasta un 20%, con tarifas que bajaron de 72 mil a 40 mil pesos y de dos millones a 1.6 millones de pesos en casos de residencias completas.
Este fenómeno refleja la especulación capitalista que, en eventos de gran magnitud, privilegia el lucro desmedido sobre el derecho a la vivienda y el bienestar colectivo. La lucha histórica por la justicia social y la igualdad económica exige políticas públicas que regulen estos mercados y protejan a la población frente a abusos que profundizan la desigualdad.
