Durante el fin de semana pasado, autoridades mexicanas aseguraron un narco túnel que conectaba Tijuana con San Diego, California. La intervención se realizó mediante una orden de cateo en el fraccionamiento Nueva Tijuana, con la participación conjunta de elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional.
El túnel, con una profundidad de 6.3 metros y una longitud de 250 metros, contaba con instalaciones sofisticadas, incluyendo luz eléctrica, sistema de ventilación y una plataforma eléctrica deslizante diseñada para transportar personas y objetos. Se presume que este sistema facilitaba el ingreso clandestino de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Durante el operativo, se aseguraron cuatro cartuchos de arma de fuego, tarjetas bancarias, tres teléfonos móviles, un sistema de videovigilancia, diversas identificaciones, más de 20 dosis de metanfetamina y una bolsa con cannabis. El inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal en Baja California por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud, debido a su probable uso para el traslado ilegal de personas, drogas, armamento, explosivos, dinero y otros objetos.
La Guardia Nacional mantiene la vigilancia del túnel, que se estima llevaba varios meses en funcionamiento para beneficio de grupos delincuenciales que operan en la región.
Este hallazgo no es un hecho aislado. En junio de 2025, autoridades estadounidenses detectaron la salida de otro narco túnel que iniciaba en Tijuana, lo que motivó una alerta a las fuerzas de seguridad mexicanas. En respuesta, se realizó un cateo en la calle Gustavo Campa, también en el fraccionamiento Nueva Tijuana, donde se encontró una construcción con cableado eléctrico, iluminación, sistemas de ventilación y vías para transportar grandes cantidades de materiales.
Estos hechos evidencian la persistencia de estructuras clandestinas que facilitan el tráfico ilegal y la violencia transfronteriza, resultado directo de la impunidad y la falta de políticas públicas efectivas para combatir las redes criminales que afectan la seguridad y bienestar de las comunidades en ambos lados de la frontera. La justicia social exige que se fortalezca la vigilancia y se garantice el respeto a los derechos colectivos, poniendo fin a estas prácticas que perpetúan la desigualdad y el sufrimiento social.
