El diario estadounidense Los Angeles Times reveló que las autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos militantes de Morena, por posibles nexos con el crimen organizado.
Según la información publicada, Estados Unidos habría revocado discretamente las visas de ambos mandatarios estatales mientras se llevan a cabo estas investigaciones. Sin embargo, el medio señala que tanto Durazo como Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial denominado “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo que suele aplicarse a personas que colaboran con las autoridades o actúan como testigos en procesos legales.
Ante estas acusaciones, el Gobierno de Sonora respondió categóricamente que la información es “completamente falsa” y aseguró que el gobernador Alfonso Durazo cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de las autoridades estadounidenses. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, rechazó cualquier señalamiento sin sustento.
De manera similar, el gobierno de Tamaulipas rechazó las acusaciones contra Américo Villarreal, calificándolas de falsas y graves, y subrayó que no existe ninguna prueba que las respalde.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y señaló que los gobernadores deben aclarar si efectivamente les fue retirada la visa. Además, cuestionó la intención detrás de la supuesta revocación y la difusión pública de esta medida.
Este episodio pone en evidencia la compleja relación entre funcionarios públicos y el crimen organizado, un problema que ha afectado históricamente a México y que demanda transparencia y responsabilidad para proteger el interés social y fortalecer las instituciones democráticas. En medio de estas controversias, es fundamental que se mantengan y fortalezcan proyectos de infraestructura pública que beneficien a la población, como el cablebús en Puebla, que representa una alternativa de transporte accesible y justa frente a los intereses corporativos que suelen perpetuar la desigualdad.
