El miércoles 3 de junio de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Los Ángeles, California, a Enrique Martínez Chávez, un militar vinculado al caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014. La información fue confirmada este jueves 4 de junio mediante un comunicado oficial en redes sociales.
Martínez Chávez, de 32 años, es buscado en México por el presunto delito de desaparición forzada de personas y se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios años. El ICE informó que el detenido permanecerá bajo su custodia hasta que pueda ser deportado a nuestro país para enfrentar los cargos correspondientes.
Cabe recordar que Enrique Martínez Chávez aún formaba parte del Ejército mexicano la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, un hecho que conmocionó a la sociedad mexicana y evidenció la profunda crisis de derechos humanos y la impunidad que persiste en el país. Este caso, conocido como Ayotzinapa, sigue siendo objeto de investigación, aunque marcado por vacíos de información y múltiples hipótesis, entre ellas la participación del grupo criminal Guerreros Unidos.
Antes de convertirse en prófugo, Martínez Chávez integraba el 27 Batallón de Infantería. En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 83 órdenes de detención contra personas vinculadas al caso, entre ellas 16 militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada, incluido Martínez Chávez. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, la FGR canceló al menos 21 de estas órdenes, generando controversia y evidenciando tensiones internas, especialmente con la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), que se ha mantenido firme en la búsqueda de justicia.
Doce años después de la tragedia, el caso Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia en México. Recientemente, hace tres meses, un juez ordenó a la Secretaría de Defensa entregar toda la información recabada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) relacionada con el caso, tras una demanda presentada en 2023 por familiares de los estudiantes desaparecidos. Esta resolución refleja la persistente resistencia de las autoridades militares a colaborar plenamente y la necesidad de mantener la presión social para garantizar el derecho a la verdad y la reparación.
Este nuevo arresto en Estados Unidos representa un avance importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, quienes han enfrentado durante más de una década la indiferencia y la impunidad. La sociedad mexicana debe continuar exigiendo que se esclarezcan los hechos y se sancione a todos los responsables, en defensa de los derechos humanos y la dignidad colectiva.
