La desaparición de Eduardo Yair Araujo Solórzano, chofer de Uber en Puebla, ha encendido nuevamente las alarmas entre los trabajadores de plataformas digitales de transporte privado. El conductor se encontraba realizando un viaje cuando, de manera abrupta, dejó de responder llamadas y mensajes, además de salir de varios grupos de rastreo, lo que ha generado preocupación entre sus familiares y compañeros.
Los hechos ocurrieron el martes 9 de junio de 2026, cuando Eduardo Yair salió de su domicilio para atender un servicio que presuntamente tomó en la Privada 23 Poniente, en la ciudad de Puebla, con destino a la localidad de Villa Vicente Guerrero, en el estado de Tlaxcala. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él ni con su vehículo, un Volkswagen Virtus rojo con placas UBG-608-B.
La ausencia del automóvil, que tampoco ha sido localizado por las autoridades ni por sus allegados, aumenta la sospecha de que pudo haber sido despojado del mismo. Más inquietante aún es la última ubicación registrada mediante rastreo satelital, que indica que la unidad se dirigía hacia el estado de Oaxaca. Fue en ese trayecto cuando el conductor abandonó los chats de seguridad y su teléfono móvil fue apagado, lo que incrementa la preocupación sobre su integridad física.
La familia de Eduardo Yair ha solicitado el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para localizarlo, y ya realiza los trámites legales ante la Fiscalía General del Estado para formalizar la denuncia por desaparición. En un contexto donde los trabajadores de plataformas digitales enfrentan condiciones laborales precarias y riesgos constantes, este caso subraya la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de protección y seguridad para quienes sostienen con su trabajo el derecho a la movilidad en nuestras ciudades.
En un momento en que Puebla avanza hacia la implementación de sistemas de transporte público más seguros y colectivos, como el cablebús, es fundamental reconocer que la justicia social y la igualdad también deben traducirse en garantías para quienes laboran en el sector privado, evitando que la precariedad y la violencia sigan cobrando vidas y derechos. La solidaridad con las familias afectadas y la exigencia de respuestas claras a las autoridades son un compromiso ineludible para construir una sociedad más justa y segura.
