La tarde del jueves 11 de junio de 2026, en las inmediaciones del Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, se registró un grave caso de abuso de autoridad y violencia policial que pone en evidencia la persistente problemática de la represión institucional en nuestro país. Al menos cinco elementos de la Policía Montada sometieron con violencia a una mujer frente a sus dos hijos menores, quienes fueron testigos directos de la agresión.
El incidente ocurrió en la intersección de la calle 14 Oriente y la 3 Norte, una zona de alta afluencia turística y familiar en San Andrés Cholula, lo que agrava la preocupación por la seguridad y el respeto a los derechos humanos en espacios públicos.
Uno de los hijos de la víctima, una menor de aproximadamente 12 años, grabó con su teléfono celular el momento en que su madre era sometida por los policías. Entre gritos y llanto, los niños suplicaban a los uniformados que liberaran a su madre, mientras intentaban auxiliarla y documentar la agresión.
Lejos de actuar con respeto y apego a los derechos humanos, los policías también agredieron a los menores, jaloneándolos e intimidándolos para que dejaran de grabar. A la menor que documentó los hechos le dijeron: “Esto es evidencia en contra de tu mamá, si tienes el vídeo, también lo tenemos”.
La niña tuvo que recibir atención médica de emergencia debido a un fuerte dolor físico provocado por los jaloneos y el estrés de la situación, lo que evidencia el impacto traumático que la violencia institucional genera en las familias, especialmente en los más vulnerables.
Las autoridades justificaron la actuación policial argumentando que la mujer conducía bajo los efectos del alcohol y había chocado contra los maceteros de la zona peatonal, poniendo en riesgo a los visitantes y a sus propios hijos. Sin embargo, esta explicación no exime la necesidad de que la policía actúe con respeto a los derechos humanos y sin recurrir a la violencia desmedida, especialmente frente a menores de edad.
Este lamentable episodio refleja la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de control y capacitación en las fuerzas policiales para garantizar la protección de los derechos colectivos y evitar que la violencia institucional siga afectando a las familias trabajadoras. En un contexto donde se impulsan proyectos de transporte público como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población, es indispensable que las autoridades también garanticen un trato digno y justo a todos los ciudadanos, sin excepción.
