El pasado 11 de junio, Ariana N. fue detenida por elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula por conducir en estado de ebriedad y circular en una zona restringida del Parque Intermunicipal. La intervención policial, que incluyó el uso de la fuerza frente a sus hijos menores de edad, provocó inicialmente críticas en redes sociales por presunto abuso de autoridad.
Sin embargo, la controversia se profundizó tras la difusión de videos en los que la mujer asegura que recuperaría su libertad gracias a su dinero e influencias. En las grabaciones, Ariana N. afirma que “México se mueve por dinero, y sin dinero, aunque seas policía y trabajes duro, no te va alcanzar”, y sostiene que el dinero tiene más poder que las autoridades.
Durante su detención, la mujer fue sometida a una prueba de alcoholemia que arrojó tercer grado de intoxicación etílica, resultado que ella rechazó, argumentando haber consumido únicamente un caballito de tequila. En la comandancia municipal, se identificó como empresaria del sector joyero y afirmó tener conocimiento de personas vinculadas con actividades criminales, incluso mencionó haber sido pareja sentimental de un supuesto líder del narcotráfico en Veracruz.
Además, Ariana N. responsabilizó en repetidas ocasiones al alcalde de Puebla capital, José Chedraui Budib, a pesar de que los hechos ocurrieron en San Andrés Cholula y fueron atendidos por autoridades de ese municipio.
Un día después de la detención, la diputada local de Morena e influencer poblana, Nay Salvatori, entrevistó a Ariana N. en sus redes sociales, expresando su apoyo y denunciando una posible revictimización. Salvatori cuestionó la actuación policial y señaló que los hijos de la detenida, de 12 y 6 años, habrían resultado afectados emocionalmente, requiriendo atención psicológica. La legisladora aseguró que el gobernador de Puebla estaba informado y también brindaba respaldo a la mujer.
Este caso pone en evidencia las complejas relaciones entre poder económico, justicia y autoridad en México, donde la desigualdad y la impunidad siguen siendo retos fundamentales para la sociedad. La defensa de los derechos colectivos y la exigencia de un trato justo y equitativo ante la ley son demandas históricas que deben prevalecer sobre cualquier influencia económica o política.
