El domingo 14 de junio de 2026, en el norte de Bogotá, se reportó un presunto caso de abuso sexual contra un niño que estaba en proceso de adopción por parte de un ciudadano estadounidense. La denuncia fue realizada por residentes del sector de Navarra, en la localidad de Usaquén, quienes alertaron a la Policía Nacional tras observar a un adulto junto a un menor en el balcón de un apartamento.
Las autoridades, en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Dijín, ingresaron al inmueble y encontraron a tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años. Los niños fueron trasladados a centros asistenciales para valoración médica y acompañamiento especializado. El menor de siete años fue remitido al Hospital Simón Bolívar, mientras que los otros dos permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.
El detenido fue identificado como Grant Gail, originario de Texas, Estados Unidos, quien había ingresado a Colombia el 6 de junio de 2026 por el Aeropuerto Internacional El Dorado. Se encontraba en Bogotá adelantando un proceso de adopción de tres menores a través de una entidad especializada y habilitada para estos trámites, según informó la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres.
Migración Colombia confirmó que, a solicitud de la Dijín, verificó la identidad y estatus migratorio del extranjero, sin encontrar alertas o impedimentos para su ingreso al país. La Procuraduría General de la Nación solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía General, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar la protección integral de los menores y el restablecimiento de sus derechos.
Grant Gail permanece recluido en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao mientras avanzan los procedimientos judiciales y de verificación.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y reiteró que en la ciudad no habrá tolerancia frente a la violencia y los abusos contra menores, subrayando la importancia de proteger a la infancia como un compromiso social y ético fundamental.
Este lamentable suceso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y vigilancia en los procesos de adopción, para evitar que intereses particulares y estructuras de poder vulneren los derechos de los niños, quienes merecen vivir en entornos seguros y dignos.
