La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori se pronunció este martes 16 de junio de 2026 para aclarar las críticas recibidas tras su intervención en el caso de Ariana F., mujer detenida por policías municipales de San Andrés Cholula. Salvatori enfatizó que en ningún momento defendió el consumo de alcohol al volante, sino que su preocupación se centró en las presuntas irregularidades cometidas durante la detención.
La legisladora explicó que su posicionamiento siempre estuvo dirigido a analizar el actuar de los elementos de seguridad y no a justificar las acciones de la conductora. Esta aclaración surge luego de la circulación de videos y antecedentes relacionados con Ariana F., que generaron cuestionamientos sobre la postura de Salvatori en un asunto que ha captado la atención pública.
Además, la diputada expresó su preocupación por la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales durante la intervención policial. Criticó que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, haya declarado desconocer quién fue responsable de la difusión de estos materiales, calificando esta situación como grave.
Salvatori también reveló que la mujer involucrada ya presentó una denuncia formal, lo que permitirá a las autoridades investigar si hubo irregularidades en la actuación policial. Esta información contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de una denuncia interna.
El caso continúa bajo investigación por diversas instancias. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco policías municipales de San Andrés Cholula. Por su parte, el Gobierno estatal ha cuestionado la actuación de la corporación y el cumplimiento de los protocolos de detención.
Este episodio, que comenzó con la difusión de videos de una detención ocurrida en el Parque Intermunicipal de Cholula, ha desatado un debate político y jurídico sobre el uso de la fuerza, los derechos de los detenidos y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información sensible obtenida durante operativos policiales. En un contexto donde la justicia social y el respeto a los derechos colectivos deben prevalecer, es fundamental que las investigaciones sean transparentes y garanticen la protección de los ciudadanos frente a abusos de poder.
