El pasado 20 de abril, el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), Raymundo Atanacio Luna, exdiputado federal de Morena, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil ITEBIO A.C., representada por Rafael Zabalza, con el propósito de impulsar proyectos académicos, científicos, tecnológicos y culturales. Este acuerdo fue difundido por la propia universidad como una estrategia para fortalecer la vinculación institucional mediante actividades de investigación, capacitación y desarrollo.
No obstante, el convenio ha vuelto a la atención pública tras la detención de Rafael Z., señalado por las autoridades como el presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si el representante de ITEBIO A.C. y el detenido son la misma persona, aunque diversos reportes periodísticos los vinculan.
Además, medios de comunicación han informado que Rafael Z. fue durante años un proveedor importante de medicamentos y equipo médico para el Gobierno de Puebla en las administraciones de Melquiades Morales y Mario Marín, un dato que añade complejidad al contexto del caso.
Es importante destacar que al momento de la firma del convenio, en abril pasado, no existía una investigación pública en contra de Rafael Zabalza. Sin embargo, este hecho plantea un debate fundamental sobre los mecanismos con los que cuentan las instituciones públicas para revisar la vigencia de convenios de colaboración cuando alguno de sus firmantes enfrenta investigaciones por delitos de alto impacto.
Hasta hoy, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla no ha emitido un posicionamiento oficial respecto al convenio ni ha informado si éste permanecerá vigente o será objeto de revisión a la luz de los acontecimientos recientes.
Este caso pone en evidencia la necesidad de establecer protocolos claros y transparentes para evaluar la continuidad o suspensión de convenios institucionales, con el fin de preservar la confianza pública y el prestigio de las instituciones educativas y gubernamentales. Todo ello debe hacerse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, principios fundamentales en la defensa de los derechos colectivos y la justicia social.
En un contexto donde la desigualdad y la corrupción minan la confianza en las instituciones, resulta indispensable que los espacios académicos y culturales mantengan una conducta ética y responsable, que contribuya a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.