La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que fue hasta junio de 2026 cuando se encontraron indicios que vinculan a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias ‘El Jando’, con el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Este hallazgo se produjo casi un año después de que ‘El Jando’ fuera extraditado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos narcotraficantes en agosto de 2025, bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Según la FGR, en junio pasado, la actual titular Ernestina Godoy y su equipo detectaron coincidencias en voz y huellas dactilares que relacionan a ‘El Jando’ con el traslado de ‘El Mayo’ y Joaquín ‘N’ desde Culiacán, Sinaloa, hacia Nuevo México, Estados Unidos, ocurrido el 26 de junio de 2024.
La dependencia federal subrayó que, aunque ‘El Jando’ ya se encuentra bajo la justicia estadounidense, donde podría enfrentar una condena de cadena perpetua, las investigaciones en México continúan activas. La FGR mantiene en resguardo grabaciones, peritajes y entrevistas, y puede solicitar nuevas diligencias a través de los mecanismos de asistencia jurídica internacional.
El caso se complica por la versión que ‘El Mayo’ Zambada dio en una carta tras su llegada a Estados Unidos en julio de 2024, donde afirmó haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, ‘El Güero’, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, quien lo citó a una reunión en una finca cercana a Culiacán.
Por otra parte, en agosto de 2025, ‘El Jando’ fue detenido en Sinaloa tras un ataque a elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Jesús María, Culiacán. En ese momento, se identificó con un nombre falso, pero las pruebas periciales confirmaron su verdadera identidad. La Fiscalía lo considera un miembro de alto nivel del Cártel de Sinaloa y lo ha vinculado a proceso por diversos delitos, aunque no se han especificado. Durante su interrogatorio negó cualquier vínculo con la organización criminal.
En la conferencia matutina del martes 14 de julio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, defendió la expulsión de ‘El Jando’ y otros narcotraficantes, argumentando que representaban un grave peligro para México. Señaló que estos individuos habían sido responsables de múltiples homicidios contra servidores públicos, amenazas a jueces y ministerios públicos, así como actos de corrupción.
García Harfuch enfatizó que, incluso desde prisión, ‘El Jando’ y sus cómplices mantenían el control de grupos criminales, ordenando homicidios y extorsiones, lo que justificó su expulsión del país.
Este caso pone en evidencia la complejidad y la persistencia del crimen organizado en México, así como la necesidad de fortalecer las instituciones para garantizar justicia y seguridad a la sociedad, que históricamente ha sufrido las consecuencias de la impunidad y la corrupción.