La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido durante el marinismo como “El Español” y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Este personaje, a través de su socia Rosalinda Cabrera Dolores, intentó emplear al exgobernador Mario Marín Torres para que pudiera conservar la prisión domiciliaria y abandonar el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez.
La estrategia para lograr la salida de Marín fue revelada en agosto de 2023 por el periodista Ernesto Aroche Aguilar. Consistía en presentar que el exmandatario contaba con arraigo laboral, al ofrecerle un empleo que pudiera desempeñar desde su domicilio. Para ello, la empresa Arrendadora Cado, en la que Rosalinda Cabrera Dolores y su hermana Adriana del Rocío Cabrera Dolores son socias, le ofreció un contrato de cinco años con un salario mensual de 30 mil pesos. Esta documentación fue notariada por Valentín Meneses Rojas, cercano colaborador de Marín.
El exgobernador logró salir de prisión un año después de presentada esta documentación, pero en abril de 2025 regresó a la cárcel para continuar su proceso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.
“El Tirador de la Atlixcáyotl” fue también uno de los contratistas preferidos de José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud de Puebla durante el sexenio de Marín. Según el Registro Público de Comercio, Rafael Z. mantiene participación en diversas empresas que abarcan desde la construcción hasta la venta de fármacos, desarrollo biotecnológico y laboratorios ambientales. Entre estas se encuentran Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, Owl Health, Inmobiliaria Rajuan, Detabio, Biotecnología del Siglo XXI, Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plantulas y Flores, Inmobiliaria del Equipo Rojo y PETROAADLAB.
Estas compañías comparten un círculo cerrado de socios, entre los que figuran Sergio Rubén Trejo Estrada, Rosalinda Cabrera Dolores, Ángela Dolores Tolentino y los hijos de Rafael Z. de su primer matrimonio, Julen y Ander Zabalza Macías.
Este caso pone en evidencia las redes de poder y complicidad que han permitido a figuras políticas y sus allegados evadir la justicia, mientras la sociedad sigue demandando transparencia y castigo efectivo para quienes han violado derechos humanos y han contribuido a la desigualdad social. La lucha por la justicia y la igualdad exige que estos entramados sean desmantelados y que se garantice el respeto a los derechos colectivos, sin privilegios para los poderosos.