Durante la tarde del martes 14 de julio de 2026, las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Phoenix, Arizona, fueron blanco de un ataque armado que ha generado una investigación formal por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI). El incidente ocurrió en el edificio de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), ubicado sobre la avenida North Central.
Según el reporte oficial del FBI, una o varias personas no identificadas dispararon armas de fuego contra la estructura exterior del inmueble, descargando varias rondas. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el ataque. La agencia federal mantiene la investigación activa y, por el momento, no ha proporcionado mayores detalles ni avances sobre el caso.
Este atentado se inscribe en un contexto de creciente polarización nacional en torno a las políticas migratorias. Desde finales de junio de 2026, los operativos de ICE han aumentado de manera drástica, lo que ha derivado en la muerte de varios migrantes en distintas regiones del país.
En un lapso de pocos días, agentes federales abatieron a tiros a Lorenzo Salgado Araujo en Texas y a Johan Sebastián Guerrero, un joven colombiano, en Maine. Además, otro migrante falleció atropellado en Florida mientras intentaba escapar de las autoridades, elevando a 11 el número de personas muertas a manos de oficiales de inmigración en lo que va del año.
La violencia y letalidad de estos operativos han provocado una ola de protestas encabezadas por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que exigen justicia y rendición de cuentas ante la impunidad.
La indignación pública se intensificó aún más en días recientes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera un mensaje polémico en el que instaba a los agentes de ICE a continuar con las intercepciones de tráfico, desafiando una orden de suspensión temporal emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Este contexto de represión y violencia institucionalizada contra migrantes evidencia la necesidad urgente de políticas que respeten los derechos humanos y combatan la desigualdad estructural que sufren las comunidades migrantes. La justicia social demanda que se ponga fin a estas prácticas que solo profundizan la exclusión y el sufrimiento de quienes buscan una vida digna.