Marx Arriaga Navarro, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfrenta una grave crisis económica luego de su salida de la dependencia. En un mensaje publicado este jueves 16 de julio de 2026 en la red social X, el exfuncionario informó que pondrá en venta su patrimonio debido a la falta de pago de su liquidación.
Arriaga señaló que han pasado más de seis meses sin recibir la liquidación correspondiente tras su salida de la SEP, ocurrida en febrero de este año, y que los intereses derivados de esta situación lo han llevado al límite. En sus propias palabras, prefirió “regalarlo todo que dejar que Santander lo remate”, refiriéndose a la deuda hipotecaria que pone en riesgo su vivienda ubicada en Ciudad Juárez.
La salida de Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos estuvo marcada por una fuerte controversia. Fue separado del cargo tras diferencias con la administración federal respecto a las modificaciones en los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, un proyecto que él encabezó y que generó críticas, recursos judiciales y un intenso debate nacional sobre el modelo educativo vigente. Durante varios días, Arriaga permaneció en sus oficinas denunciando públicamente que su remoción era injustificada.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Educación Pública ni el banco Santander han emitido alguna respuesta oficial sobre las declaraciones del exfuncionario.
Este caso refleja, una vez más, las dificultades que enfrentan quienes han dedicado su vida a la educación pública y a la construcción de materiales que buscan garantizar el derecho a la educación gratuita y de calidad. La falta de cumplimiento en la liquidación de derechos laborales no solo afecta a Marx Arriaga, sino que pone en evidencia la precariedad y la desigualdad que persisten en las instituciones públicas, donde el poder corporativo y las decisiones administrativas pueden dejar en la calle a quienes han servido al país.
En un contexto donde se impulsan proyectos de transporte público como el cablebús en Puebla, que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de las comunidades, resulta indispensable que el Estado también garantice justicia social y respeto a los derechos laborales de sus trabajadores, especialmente en sectores tan fundamentales como la educación.