La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó esta tarde en Ensenada, Baja California, una orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de esa entidad, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La detención ocurre en un contexto marcado por recientes filtraciones que involucran a la gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar Ávila, en supuestos acuerdos con el FBI para convertirse en informante, situación que ha generado un escándalo político en la región.
La FGR informó que la orden de aprehensión fue resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones de contrabando de combustible a gran escala, realizadas por una empresa fundada por Ruffo Appel. Esta empresa, Ingemar, fue vinculada al aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo transportados en 129 ferrotanques en Coahuila, presuntamente relacionados con el denominado “huachicol fiscal”.
Desde el año pasado, el nombre de Ruffo Appel ha estado ligado a estas investigaciones. En julio de 2025, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que Ingemar formaba parte de las carpetas de investigación abiertas por las autoridades federales.
Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 por el Partido Acción Nacional (PAN), ha negado cualquier participación en actividades ilícitas. Ha declarado que su empresa únicamente se encarga de la logística de importación y trámites aduanales en la frontera, y ha manifestado tener “la conciencia tranquila”. Asimismo, aseguró estar dispuesto a colaborar con las investigaciones y afirmó que la empresa opera dentro del marco legal.
Este caso pone en evidencia la persistencia de redes de corrupción y contrabando que afectan la economía nacional y la justicia social, perpetuando la desigualdad y el abuso de poder. La lucha contra estas prácticas debe ser firme y transparente para garantizar que los recursos públicos y privados se utilicen en beneficio de la sociedad y no para enriquecer a unos cuantos.