La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emitió un pronunciamiento formal a través de sus redes sociales para aclarar la reciente filtración de audios que la vinculan con supuestas agencias de seguridad estadounidenses. La mandataria sostuvo que las conversaciones difundidas corresponden a un asunto estrictamente personal relacionado con la cancelación y tramitación de su visa para ingresar a Estados Unidos, y no a negociaciones oficiales ni compromisos que afecten la soberanía nacional.
Ávila Olmeda detalló que los hechos ocurrieron durante el año 2025, cuando aceptó comunicarse con diversas personas con el único propósito de recibir orientación dentro del protocolo migratorio. Enfatizó que las versiones periodísticas que aseguran que sostuvo un encuentro presencial con autoridades extranjeras en Centroamérica son falsas y forman parte de una estrategia de persecución política en su contra.
La gobernadora presentó una cronología precisa de los contactos que tuvo con el supuesto gestor migratorio: el primer mensaje de texto fue el 18 de junio de 2025; la primera llamada telefónica relacionada con el trámite de visa ocurrió el 2 de agosto de ese mismo año; una segunda llamada se registró el 22 de agosto; y finalmente, el 15 de diciembre de 2025, se concretó una reunión presencial con el presunto gestor, durante la cual se enlazó una última llamada con un individuo que se identificó como un supuesto agente del FBI.
Marina del Pilar aclaró que este proceso derivó en un engaño por parte de uno de los involucrados, quien simuló canales institucionales, y subrayó que en ningún momento hubo un acuerdo bilateral ni vulneración de las leyes mexicanas. Su frase contundente, “escuchar no significa negociar”, refuerza su rechazo a cualquier interpretación que sugiera entrega de información que ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía del país.
Finalmente, la gobernadora reiteró que la supuesta reunión en Panamá no ha ocurrido y que únicamente escuchó las opciones disponibles para resolver su estatus migratorio frente a las autoridades estadounidenses. Este pronunciamiento busca poner fin a las especulaciones y defender la integridad de su gestión frente a ataques que, desde una perspectiva crítica, reflejan las tensiones políticas y la instrumentalización de la información para desestabilizar a funcionarios públicos.