Este lunes 20 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al debate nacional sobre la regulación del uso de redes sociales e inteligencia artificial en niñas, niños y jóvenes, tal como había anunciado que haría al concluir el Mundial. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria subrayó la importancia de construir una iniciativa basada en evidencia científica y consenso social, con el fin de atender un problema que afecta a las nuevas generaciones.
Sheinbaum advirtió que el uso excesivo de las redes sociales genera adicción, describiendo cómo el “scrolling infinito” puede mantener a una persona durante horas frente al teléfono, en busca de “likes”, validación o compartir información. Esta situación, dijo, requiere una regulación que no sea impuesta unilateralmente por el gobierno, sino que se construya con la participación de la sociedad.
La presidenta anunció que este tema será abordado cada lunes durante su conferencia matutina, al menos durante un mes, con la intención de informar sobre las evidencias científicas y recoger opiniones de diversos sectores. Además, hizo un llamado al Congreso para que realice sus propios foros y participe activamente en la elaboración de la iniciativa, que espera sea aprobada antes de que concluya el año.
En su intervención, Sheinbaum destacó que 16 estados del país ya han regulado el uso de celulares en las escuelas, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Este esfuerzo por regular las plataformas digitales y la inteligencia artificial representa un paso necesario para proteger a la infancia y juventud de los efectos nocivos de la tecnología cuando no se controla, en un contexto donde la desigualdad y la falta de acceso a información veraz agravan las brechas sociales. La iniciativa, en tanto, debe ser vigilada para que no se convierta en un instrumento de control corporativo o gubernamental, sino en una herramienta que garantice derechos y bienestar colectivo.
