Un juez de control en Puebla vinculó a proceso a Rafael “Z”, empresario farmacéutico de 67 años, señalado como el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. La resolución se dictó tras concluir la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la 11 Sur, y con ella se ordenó que el imputado permanezca recluido en el penal de San Miguel, específicamente en el Dormitorio W, destinado a personas consideradas de alta peligrosidad.
Durante la audiencia, el juez Guillermo Valdez Luna agotó el plazo de 144 horas concedido inicialmente, luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional para aportar elementos en favor de Rafael “Z”. Sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juzgador determinó que existían indicios suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.
El caso que motivó esta vinculación corresponde al ataque armado contra un joven motociclista repartidor de comida, quien fue herido con impactos de bala en ambas piernas mientras circulaba por la Vía Atlixcáyotl. Las lesiones le provocaron secuelas físicas que le impidieron continuar con su trabajo, afectando directamente el sustento económico de su familia. Este hecho fue la base para que la Fiscalía judicializara la primera carpeta de investigación contra el presunto responsable de una serie de ataques registrados durante varios meses en esta vialidad.
Durante los seis días que transcurrieron entre la audiencia de imputación y la resolución judicial, agentes de la Fiscalía continuaron reuniendo pruebas para fortalecer las investigaciones. Entre las diligencias realizadas, se destaca un operativo de cateo en el fraccionamiento Santa Fe, donde fue detenido Rafael “Z”, con el fin de recabar nuevos indicios que serán incorporados al proceso.
La Fiscalía busca además acreditar la probable responsabilidad del empresario en otros delitos relacionados, como daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos, vinculados a los disparos presuntamente realizados contra automovilistas y motociclistas en la Vía Atlixcáyotl. Las investigaciones permanecen abiertas para integrar más pruebas y ampliar las vinculaciones a proceso por los demás hechos atribuidos al presunto francotirador, quien generó un clima de temor entre los usuarios de esta importante arteria vial en la zona metropolitana de Puebla.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad pública y garantizar justicia para las víctimas, especialmente para quienes, como el joven repartidor, sufren las consecuencias directas de la violencia. En un contexto donde la desigualdad y la inseguridad afectan a los sectores más vulnerables, es imprescindible que las autoridades actúen con rigor y transparencia para proteger los derechos colectivos y promover un entorno más justo para todos.