*La corrupción en la delegación de los Programas Sociales del Bienestar en Yucatán aumenta de manera alarmante, ya que su titular, Joaquín Díaz Mena, desvía recursos para financiar las campañas de diversos candidatos a alcaldes
*Cobran por personas muertas. También hay «aviadores» y prestanombres que cobran dinero de tarjetas de Bienestar, con el visto bueno de los corruptos funcionarios del banco
*Licitación directa a constructoras para edificar viviendas para los beneficiarios. Cuando sale el dinero, escoltan al beneficiado al banco y cuando recibe el efectivo allí mismo se lo entrega al empleado de la empresa, o sea, nunca ven la lana
*La labor de corrupción está a cargo de la coordinadora del Programa del Adulto Mayor, Shirley Edith Castillo Sánchez, quien es la que más «aviadores» y «personal fantasma» tiene a su cargo.
Redacción/Sol Yucatán
Mérida. – La corrupción en la delegación de los Programas Sociales del Bienestar en Yucatán aumenta de manera alarmante, ya que su titular, Joaquín Díaz Mena, desvía recursos para financiar las campañas de diversos candidatos a alcaldes.
Las formas de operar del «superdelegado Huacho» y su gente son múltiples, pero para la presente entrega se destacarán dos de ellas: las tarjetas de Bienestar y los apoyos para la construcción de viviendas.
En el primero de los casos es evidente la corrupción por parte de los funcionarios de los Programas Sociales de Bienestar, al mando de «Huacho» Díaz Mena, en contubernio inclusive con funcionarios del Bancos del Bienestar.
Resulta que Joaquín Díaz y su gente son los encargados de seleccionar de forma exclusiva a las personas que recibirán estas tarjetas bancarias de apoyo para la población, pero «Huacho» y sus esbirros, lejos de autorizárselas a los más necesitados, sólo cumplen con la entrega de cierto número de tarjetas para disimular un millonario desvío de recursos, pues los plásticos en muchísimas ocasiones son asignados a «aviadores» o prestanombres.
De esta forma, son recursos millonarios del Gobierno Federal que están siendo entregados a gente de Díaz Mena y sus allegados, en muchas ocasiones familiares de la plantilla de trabajadores de Bienestar, mientras unos cuantos «afortunados», gente necesitada, recibe el apoyo a cuentagotas.
Incluso muchas personas todavía acuden a la Secretaría del Bienestar con la esperanza de que les den respuesta si quedó su solicitud o no, pero por lo general les dan largas a esta gente humilde, que no está recibiendo ningún tipo de apoyo.
Sin embargo, lo que no saben estas personas, es que en el sistema de la Secretaría del Bienestar el recurso con el que deberían de contar cada bimestre ya está siendo cobrado, obviamente por otra persona o prestanombre, que podría tratarse hasta de un difunto.
Lo anterior es posible pues existe una corruptela con funcionarios del banco, quienes permiten el cobro del recurso, aunque se trate de una persona que ya está muerta.
Es más, gente humilde y de buen corazón ha tenido la decencia de que, cuando su familiar beneficiado expira, acude a la Secretaría del Bienestar o al banco para dar aviso, pero los funcionarios les indican que ya no es necesario reportarlo, que tienen un «sistema inteligente» que se encarga de esta labor cada 6 meses.
La realidad es que el reporte ya fue recibido y el recurso se sigue pagando, sólo que ya no a la humilde familia, sino que el dinero va a parar a manos de otra persona y obviamente todos los implicados reciben su tajada.
Desvíos en apoyos para la vivienda
Otro de los desvíos de recursos por parte de «Huacho» y su gente se perpetra con los apoyos para construcción de vivienda. En este caso, las personas que solicitan el recurso son censadas, y por cierto también son seleccionadas de forma exclusiva, para después ser notificadas si se les concedió el apoyo.
Una vez aprobado el recurso, se les proporciona una fecha para el trámite y, posteriormente, el día de los hechos se encuentran con el funcionario de Bienestar un representante de la constructora.
Sin embargo, beneficiario, funcionario y representante de la constructora acuden al banco para realizar el trámite, pero el dinero es entregado exclusivamente a la constructora, es decir, nunca llega a manos del beneficiario, quien en todo momento desconoce la cantidad.
De esta forma surgen muchas dudas, pues no se conoce el monto del apoyo y si éste llegó íntegramente a manos de la constructora.
De igual forma, al no conocerse la cantidad autorizada, pues se desconoce la calidad del material que se empleara para la construcción de la vivienda.
Mientras esto continúa ocurriendo, la tensión aumenta de manera considerable, ya que la dependencia federal está dividida en grupos de poder, vinculados al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo que afecta notablemente a los beneficiarios de los diversos programas
La labor de corrupción está a cargo de la coordinadora del Programa del Adulto Mayor, Shirley Edith Castillo Sánchez, quien es la que más «aviadores» y «personal fantasma» tiene a su cargo.
Incluso, en tan sólo un día recaudó más de 200 mil pesos para financiar las actividades proselitistas del funcionario federal, pues se vale de diversas artimañas con tal de conseguir más dinero.
Empleados y ex trabajadores de la Secretaría del Bienestar denunciaron las arbitrariedades protagonizadas por el exmilitante del PAN y excandidato a la gubernatura por Morena.
De acuerdo con la lista de funcionarios en poder de Sol Yucatán, es notable el nepotismo y el amiguismo, empezando con el caso de Castillo Sánchez, quien logró darle una base a su hermano, Kristian, quien es «aviador».
Lo mismo ocurre con las parejas sentimentales de dicha funcionaria, Miriam Vianed Azcarate Puch y Blanca Iris Oroxon Olán.
Denunció también la mafia que prevalece con las constructoras, pues el dinero destinado a los beneficiarios pasa directamente a la dependencia, sin informar el monto asignado a cada uno.
También se denunció el despido masivo de personal, así como los «aviadores», el nepotismo, el mal manejo de programas, las constantes amenazas, los amigos con privilegios, la asignación de programas a modo para el beneficio de militantes de PAN y de Morena e, incluso, orgías sexuales.
Lo peor de todo es que, a pesar que el «superdelegado» Joaquín Díaz Mena, (a) «Huacho», sabe de la problemática, nada hace para resolver las anomalías que prevalecen, pues se trata de un millonario desvío de recursos, por lo que la situación empeora y los más afectados son las personas que acuden a la dependencia.
Actualmente hay cerca de 40 «aviadores» que cobran entre siete mil y 18 mil pesos mensuales, algunos de los cuales sólo acuden cada 15 días precisamente para cobrar, mientras otros son «fantasma» o prestanombres, los cuales nadie conoce, pero están en la nómina; entre ellos figuran los familias y amigas sentimentales de Shirley Edith Castillo Sánchez.
Al mismo tiempo, Shirley es quien regula el nepotismo, tal el caso del exdiputado del PAN, Edgardo Medina Rodríguez, quien metió a trabajar a su primo hermano Joel Medina, en sustitución de Alberto del Río, así como a su yerno, Eduardo Ortiz.
Otro claro ejemplo de nepotismo son las primas Blanca Arely Argáez Chan y Verónica Argáez Moo.
Una entrevistada, quien pidió mantenerse en el anonimato, denunció la «mala jugada» que le hicieron para sacarla de la dependencia federal y, a pesar de la amistad que tiene con Díaz Mena, fue él mismo quien autorizó su destitución.
Indicó que su «principal error» es tener amigos dentro de diversos medios de comunicación, por lo que se le acusó de filtrar información.
Pero aún afuera de la dependencia, continúan las denuncias de las arbitrariedades que prevalecen en los diversos programas, de tal manera, Díaz Mena reunió a todos los trabajadores de Bienestar Social y los amenazó con destituir a las personas que siguen proporcionando información a los comunicadores.
Lluvia de denuncias
En los poco más de dos años que lleva Díaz Mena como «superdelegado» ha provocado que tenga numerosas denuncias en su contra, interpuestas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los primeros en denunciarlo fueron los despedidos durante el cambio de administración, pues la mayoría de ellos eran emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y luego fueron personas ajenas a la dependencia, que también han interpuesto diversas querellas.
Incluso, son numerosas las críticas de beneficiarios de los programas federales, por no recibir las tarjetas o el dinero incompleto de las becas de los programas federales de Bienestar, cuya operación, control y vigilancia en Yucatán están a cargo de Díaz Mena.
Tan sólo en los primeros días sacó a 120 personas que laboraban en la institución, personal de la administración de Enrique Peña Nieto, y en el lapso de tiempo que está al frente de la dependencia, ya son 25, debido principalmente a represalias y por desacuerdos, muchos de los cuales interpusieron las respectivas denuncias ante las autoridades correspondientes.
Asimismo, está el caso de María Guadalupe Palma Escalante, vecina de Umán, quien levantó una querella en contra de Ángel Martín Magaña Albornoz, ya que usó indebidamente su nombre para registrarla en el programa «Jóvenes construyendo el futuro», sin que ella tenga derecho por ser una mujer casada.
La FGE abrió la carpeta de investigación No. UNATD-GI/002783/2020 en contra de Magaña Albornoz, por hechos que presuponen actos de corrupción e indebida utilización para beneficio propio de recursos del programa federal «Jóvenes construyendo el futuro”.
La mujer lo acusa de haberla inscrito en dicho programa, sin que le entregara la tarjeta bancaria, pero el dinero sí se cobra, aunque ella no lo recibe.
Irónicamente, Magaña Albornoz es un cómico de 23 años de edad, quien fuera Rey Feo del Carnaval de Umán en 2016 y que en 2012 recibió una beca del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Asimismo, aparece como Secretario del Trabajo del Sindicato de Actores y Trabajadores del Entretenimiento de Yucatán (Satey), que está agremiado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), un organismo sindical ligado al partido Morena.
Luego de dar a conocer la anomalía, dicha asociación, en comunicado de prensa, dijo que ya dieron de baja al acusado, por incurrir en tales ilegalidades.
El segundo caso es en contra de la Subdelegada en Mérida de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, Lyndia Quiroz Zavala, quien está involucrada en tráfico de influencia y un presunto desvío de recursos, para lo cual ha responsabilizado a «servidores de la nación», específicamente al personal que bajo su autorización firmaron documentos de entrega de dinero a individuos no inscritas en el Programa de Bienestar.
La expresidenta del Comité Municipal del partido Morena en la capital yucateca se pretende deslindar del supuesto fraude cometido, al interponer denuncias penales ante el Ministerio Público Federal, junto Díaz Mena, contra quien resulte responsable del desvío de recursos.
Por el momento, hay 25 trabajadores del Programa del Bienestar que ya fueron citados como aparentes responsables del fraude cometido, quienes establecieron que el dinero fue entregado a personas que no estaban en la respectiva lista.
A pesar de que a se les notificó que no se les podía entregar el respectivo apoyo, Quiroz Zavala autorizó el pago y a cada trabajador les pidió que firmara un documento en el cual entregaban el dinero a la persona no enlistada.
Shirley Castillo puso en la nómina a su hermano y hasta a sus parejas sentimentales.
En la nómina de la Secretaría de Bienestar Yucatán figuran ejemplos de nepotismo y «aviadores», es decir, personas que cobran sin trabajar; es más, hay casos en donde hasta los finados cobran.
Publicado por El Sol Quintana Roo
Enlace:https://solquintanaroo.mx/yucatan-descarado-robo-de-huacho/