La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una nueva Recomendación, la 208VG/2026, en la que concluye que no existen elementos suficientes para sostener que el Ejército haya participado directamente en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Este documento, que consta de 867 páginas, cuestiona la hipótesis que durante años colocó a las fuerzas castrenses como actores centrales en este caso, señalando que dicha línea de investigación debilitó la persecución de responsabilidades contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos.
La CNDH puntualiza que, a pesar de la exhaustiva investigación realizada, no se ha acreditado la participación directa de ningún elemento militar en los actos de violencia ni en la desaparición forzada masiva de los estudiantes. Asimismo, rechaza la existencia de un plan diseñado específicamente para hostigar y eliminar a los normalistas, como se había planteado en etapas anteriores de la investigación.
No obstante, el organismo reconoce la necesidad de concluir la indagatoria sobre una posible complicidad individual de mandos militares con Guerreros Unidos. La información más reciente disponible para la CNDH proviene de la Fiscalía General de la República (FGR) y data de septiembre de 2025. En ese momento, las investigaciones contra cuatro integrantes del Ejército por delincuencia organizada estaban en etapa de integración, mientras que los procesos contra 17 elementos militares por delitos que incluyen desaparición forzada, homicidio calificado y tentativa de homicidio, se encontraban en etapa de instrucción.
La CNDH advierte que las acusaciones contra militares se basan principalmente en testimonios de testigos protegidos, quienes fueron en su mayoría integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, así como en conversaciones extraídas de teléfonos celulares que fueron invalidadas por diversos actores. Por el contrario, testimonios de estudiantes sobrevivientes describen que el día de los hechos, cuando algunos normalistas descendieron del primer autobús, fueron recibidos con violencia por policías municipales de Iguala y Huitzuco, quienes los sometieron, esposaron y tiraron al suelo boca abajo.
Además, la Comisión documenta la presencia de policías estatales y federales en puntos del recorrido de los autobuses, donde se registraron disparos y actos violentos. En cuanto a la responsabilidad sobre la orden de desaparición, la Recomendación apunta hacia dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Incluso cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, en el que se menciona que el padre de una de ellas estaba “muy enojado” y habría ordenado recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción.
Este nuevo pronunciamiento de la CNDH, emitido en 2026, representa un avance en la búsqueda de verdad y justicia para las familias de los normalistas, aunque también evidencia las limitaciones y obstáculos que persisten en la investigación de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México. La claridad sobre la participación de actores estatales y criminales es fundamental para fortalecer la lucha histórica por la justicia social y la reparación integral de las víctimas.