En la Barranca de Santa Rita, en el municipio de Tacámbaro, Michoacán, fue localizada una fosa clandestina que contiene al menos 375 cuerpos, según estimaciones del colectivo “Buscando Cuerpos”. Esta cifra se basa en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por individuo, que permite un cálculo más preciso ante la fragmentación de los restos.
Margarita López Pérez, activista, madre buscadora y exlegisladora local, explicó que las labores de excavación en el predio conocido como “La Parotita” han revelado una crisis forense de gran magnitud. Además de huesos adultos, en las jornadas recientes se recuperaron dos mandíbulas y fragmentos craneales pertenecientes a menores de tres años, lo que evidencia la brutalidad y el alcance de esta tragedia.
El colectivo, que ha trabajado en la zona durante varios años, también documentó indicios biológicos recientes, como fragmentos de tejido con cabello aún visible. Todo el material genético recuperado es enviado a laboratorios especializados en la Ciudad de México para su análisis y confronta con perfiles de ADN de familiares de personas desaparecidas, en un esfuerzo por dar identidad y justicia a las víctimas.
López Pérez advirtió que, debido a la densidad de restos humanos en la barranca, las labores de recuperación, cribado y análisis forense podrían extenderse por al menos tres años más. Asimismo, criticó la falta de un esquema de seguridad y resguardo permanente en el perímetro de la fosa por parte del presidente municipal sustituto de Tacámbaro, Alejandro Fuerte García, lo que pone en riesgo la integridad de la escena y dificulta el trabajo de las familias buscadoras.
En el plano institucional, la activista lamentó que Michoacán siga siendo una de las pocas entidades del país sin una legislación específica para la búsqueda de personas desaparecidas. Durante su gestión como diputada local, López Pérez impulsó y logró la aprobación de un dictamen de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, basado en la Ley General federal y consensuado con organizaciones civiles.
Sin embargo, esta normativa fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, una decisión que la exlegisladora atribuye a un bloqueo político y no a deficiencias técnicas, pues los colectivos atendieron todas las observaciones planteadas.
La ausencia de un marco normativo local precariza las labores de búsqueda en dos aspectos fundamentales: limita los apoyos logísticos y operativos cuando los colectivos identifican nuevas zonas con posibles indicios biológicos, y no existen mecanismos legales para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones y diligencias de campo.
Este hallazgo en Tacámbaro es un recordatorio doloroso de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. La justicia social exige no solo la identificación y reparación, sino también la creación de condiciones institucionales que garanticen la búsqueda efectiva y el respeto a los derechos humanos.