La mañana de este lunes 13 de julio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal un audio filtrado que pone en entredicho las declaraciones oficiales de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En la grabación, la mandataria estatal aparentemente ofrece información sobre las mesas de seguridad al FBI a cambio de frenar cargos legales en su contra.
El audio expone una presunta negociación en la que un asesor externo de la agencia estadounidense advierte a la gobernadora que las autoridades de Estados Unidos “sienten que han perdido el tiempo” en reuniones previas, pero le conceden una última oportunidad para evitar sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y una posible orden de extradición.
Durante el diálogo, Marina del Pilar expresa su preocupación por las medidas legales y cuestiona directamente al interlocutor sobre las intenciones del Departamento de Justicia: “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?… ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”.
La filtración también revela que la gobernadora cuenta con la asesoría legal del abogado Michael Nadler, con sede en Miami. Ante el temor de cruzar la frontera, la funcionaria rechazó reunirse en las instalaciones del consulado estadounidense y propuso un encuentro alterno en un hotel de Tijuana, territorio mexicano.
Hacia el cierre de la grabación, Marina del Pilar manifiesta su disposición para cooperar y evitar el avance de los cargos judiciales en el extranjero: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes…”.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una postura oficial respecto a este nuevo material informativo.
Este caso pone en evidencia las complejas relaciones entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses, y la presión que enfrentan funcionarios públicos en un contexto marcado por la desigualdad y la influencia del poder corporativo transnacional. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para fortalecer la justicia social y proteger los derechos colectivos en nuestra nación.