El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, demandó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicite licencia mientras se realiza una investigación exhaustiva sobre su presunta disposición a colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Esta exigencia surge a raíz de la difusión, el lunes 13 de julio de 2026, de un segundo audio atribuido a la mandataria estatal, dado a conocer por el columnista Héctor de Mauleón. En la grabación se escucha a un supuesto asesor externo del FBI ofrecer a Ávila Olmeda una última oportunidad “para frenar los cargos o sanciones a tiempo”.
En redes sociales, Romero Herrera respaldó el llamado del PAN en Baja California para que la gobernadora se aparte temporalmente de su cargo, argumentando que “ningún interés personal puede estar por encima de México”.
El líder panista subrayó que el asunto trasciende el ámbito migratorio y se convierte en un tema de seguridad nacional. “Si Marina del Pilar estuvo dispuesta a compartir con el FBI información conocida en las mesas de seguridad, debe aclararlo de inmediato”, señaló. Además, criticó que Morena, partido en el poder, acuse de “traición a la patria” a quienes exigen justicia, pero permanezca en silencio ante esta situación.
Según la información revelada por De Mauleón, el momento más grave del audio ocurre cuando Ávila Olmeda se muestra alarmada ante la posibilidad de ser extraditada, lo que añade un nivel de gravedad a las acusaciones.
Este caso pone en evidencia la necesidad de transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público, especialmente cuando se trata de la seguridad y soberanía nacional. La exigencia de licencia para la gobernadora debe entenderse como una medida para preservar la confianza social y garantizar que las investigaciones se lleven a cabo sin interferencias.
En un contexto donde la desigualdad y la corrupción han socavado históricamente la confianza en las instituciones, es fundamental que los servidores públicos actúen con plena responsabilidad y respeto a los derechos colectivos. La sociedad mexicana merece claridad y justicia, no pactos que puedan poner en riesgo la integridad del país.