La Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la dirección de Idamis Pastor Betancourt, ejecutó el martes 14 de julio de 2026 seis órdenes de aprehensión contra directores y secretarios de Seguridad Pública de municipios ubicados en la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla. Estas detenciones responden a investigaciones por presunta colaboración con organizaciones criminales que operan en ambas regiones del estado.
En la Mixteca, fueron capturados David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, titular de la corporación en Tehuitzingo; y José Santiago Benítez Arista, director de Seguridad Pública de Chila de la Sal. Aunque la Fiscalía no ha detallado los delitos específicos que se les imputan, fuentes consultadas indican que se les investiga por su posible relación con una organización criminal activa en esa zona.
Los tres funcionarios fueron trasladados bajo un operativo de seguridad a la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros. Según el Registro Nacional de Detenciones, David Velázquez fue aprehendido a las 10:44 horas en las inmediaciones de la comandancia de Chietla; Gonzalo Torres a las 11:17 horas frente a la comandancia de Tehuitzingo; y José Santiago Benítez a las 13:53 horas en un domicilio de la comunidad de San Miguel de la Toma, perteneciente a Chietla.
Por otra parte, en la Sierra Norte, la FGE cumplimentó otras tres órdenes de aprehensión contra Evencio Rosas Luna, director de Seguridad Pública de Tlapacoya; Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; y Manuel Martínez González, titular de la corporación en Jopala.
Estas detenciones están vinculadas con la carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango, que investiga la presunta protección que estos mandos habrían brindado a una célula delictiva relacionada con un narcolaboratorio de drogas sintéticas desmantelado en junio pasado en el municipio de Tlapacoya.
Las indagatorias señalan que los funcionarios omitieron actuar contra las actividades ilícitas de este grupo criminal e incluso habrían instruido a sus subordinados para facilitar la movilidad de la organización en la región.
Además, la Fiscalía intentó ejecutar una cuarta orden de aprehensión contra Andy Castillo Rodríguez, jefe de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, quien no fue localizado y permanece prófugo.
El caso de la Sierra Norte se originó tras el aseguramiento en junio de un narcolaboratorio clandestino en el ejido Ahuacatlaya, Tlapacoya, donde fuerzas federales y estatales decomisaron 360 kilogramos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, así como reactores, condensadores, destiladores y 50 tanques de gas LP.
Estas acciones de la Fiscalía General del Estado, concentradas en una sola jornada, representan un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad que han permitido la infiltración de grupos delictivos en las instituciones encargadas de la seguridad pública municipal. La justicia social y la defensa de los derechos colectivos exigen que estos procesos continúen con transparencia y rigor, para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.