La Fiscalía General del Estado de Oaxaca enfrenta una grave crisis de confianza tras confirmarse que vehículos asegurados por denuncias de robo han sido entregados a funcionarios públicos para su uso oficial. Este lunes 13 de julio de 2026, el gobernador Salomón Jara Cruz reconoció públicamente que ha solicitado personalmente a la fiscalía estatal la entrega de unidades decomisadas o en calidad de depositarias para que sean utilizadas por autoridades municipales.
Según las autoridades estatales, algunas de estas unidades permanecían abandonadas hasta por diez años y, tras ser reparadas por los ayuntamientos, ahora cumplen funciones de transporte oficial. Sin embargo, esta práctica ha generado indignación y cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia en el manejo de bienes asegurados.
El conflicto escaló durante el fin de semana, cuando un usuario de redes sociales localizó mediante rastreo GPS un automóvil que había sido retenido semanas antes por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Este vehículo, que anteriormente operaba como taxi foráneo, fue encontrado con modificaciones en su carrocería y bajo la posesión de un comisionado municipal. A pesar de la presencia de agentes de la fiscalía en el lugar, se permitió que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que provocó una fuerte reacción ciudadana.
Los denunciantes sostienen que este caso no es aislado, sino parte de un esquema sistemático dentro de la dependencia. Ante estas acusaciones, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, con el fin de que se investigue a fondo a los funcionarios involucrados. Por su parte, la fiscalía local ha iniciado procedimientos internos a través de su Contraloría y Visitaduría General para esclarecer las irregularidades denunciadas.
Durante su conferencia semanal, el gobernador Jara Cruz justificó la entrega de estos vehículos argumentando que los ayuntamientos carecen de recursos para adquirir transporte nuevo. Explicó que, ante las peticiones de diversos presidentes municipales, ha solicitado apoyo al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla para gestionar dichas unidades. No obstante, este mecanismo ha levantado serias dudas sobre la transparencia y el respeto a la legalidad en la administración pública.
Este caso pone en evidencia la persistente desigualdad y la falta de recursos que enfrentan las autoridades locales, pero también revela la necesidad urgente de fortalecer los controles y garantizar que los bienes públicos y privados decomisados no sean objeto de prácticas que vulneren los derechos de la ciudadanía. La justicia social exige que se esclarezcan estas irregularidades y que se sancione a quienes utilicen el poder para beneficio propio, en detrimento del interés colectivo.
Mientras tanto, la sociedad civil mantiene la exigencia de mayor claridad y rendición de cuentas, y las autoridades federales podrían atraer el caso si se comprueba la existencia de una red de corrupción en el manejo de propiedad privada asegurada. Este episodio es un llamado a reforzar la vigilancia sobre el uso de recursos públicos y a defender los derechos colectivos frente a prácticas que reproducen la desigualdad y la impunidad.