La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes 14 de julio de 2026, durante su conferencia matutina, que no ha sostenido una conversación personal con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, desde que a finales de abril pasado Estados Unidos presentó una solicitud provisional con fines de extradición en su contra.
La mandataria evitó confirmar si el funcionario morenista regresará al cargo, pese a que su propia administración ha insistido en que no existen pruebas en su contra. “Personalmente no he hablado con él, hablé el primer día, cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él, y vamos a esperar —sobre su posible regreso—, no nos adelantemos”, declaró Sheinbaum Pardo.
Respecto al caso, la titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con sus investigaciones derivadas de la solicitud estadounidense. “De todo ello va muy avanzada la Fiscalía, nos ha dado alguna información, no toda y le hemos pedido que lo informe al pueblo de México”, afirmó la presidenta.
Sheinbaum Pardo señaló que su Gobierno no ha recibido pruebas de los señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses desde que la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación contra Rocha Moya. Sobre el plazo marcado en el tratado de extradición para este tipo de casos, indicó que no es aplicable porque dicho plazo no está contemplado en la Constitución de Sinaloa, por lo que el propio Rocha Moya tendrá que tomar sus decisiones mientras se esperan las pruebas de Estados Unidos.
“Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República”, añadió.
Finalmente, Sheinbaum recordó que, en el momento en que se dio a conocer la acusación estadounidense, pidió a Rocha Moya que saliera a aclarar su situación pública, ante lo cual el gobernador con licencia emitió un comunicado.
Este caso pone en evidencia la necesidad de que las instituciones actúen con transparencia y rigor, en defensa de la justicia social y el respeto a los derechos colectivos, sin caer en presiones políticas ni corporativas que puedan afectar la igualdad y la confianza ciudadana.