La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó este miércoles 15 de julio de 2026 que la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por un presunto caso de violencia contra su pareja, es una muestra clara de que su administración no protegerá a nadie que viole la ley, especialmente en casos de violencia de género.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que la aplicación de la ley debe prevalecer por encima de cualquier relación personal o cargo público. “El solo hecho de su detención muestra que nunca vamos a proteger a nadie si viola la ley y menos si hay violencia contra las mujeres. Independientemente de la amistad y de los cargos, se debe cumplir la ley”, afirmó con firmeza.
Sheinbaum Pardo explicó que Rodríguez Padilla enfrenta actualmente un proceso relacionado con la reparación del daño a la víctima, aunque aclaró que será la Fiscalía General de la República la encargada de conducir la investigación y determinar las responsabilidades legales conforme a sus atribuciones. “Corresponde al Ministerio Público y a las autoridades judiciales conducir la investigación y determinar las responsabilidades legales, respetando el debido proceso y los derechos de la víctima”, puntualizó.
La presidenta insistió en que la actuación de las instituciones debe ser imparcial y que ningún servidor público contará con privilegios frente a la justicia cuando existan denuncias por violencia o cualquier otro delito. Este posicionamiento es un paso necesario en la lucha histórica por los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, un problema que ha sido sistemáticamente invisibilizado y tolerado en el pasado.
En un contexto donde la justicia social y la igualdad económica siguen siendo retos fundamentales para México, la postura del gobierno federal representa un avance en la defensa de los derechos colectivos y la garantía de que el poder no se utilice para proteger a quienes cometen actos ilícitos. La transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para combatir la desigualdad y fortalecer el Estado de derecho.