El Tecnológico de Monterrey Campus Puebla extendió una invitación a Rafael N., señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de los ataques armados en la Vía Atlixcáyotl, para integrarse al Consejo de la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Esta invitación, fechada el 18 de junio de 2026, fue firmada por la directora general del campus, Viviana Ortiz Meillón, y por el director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, Jorge Antonil Reyes Avendaño.
En el documento, la institución justificó la invitación reconociendo la “destacada trayectoria, liderazgo y contribución en el sector” de Rafael N., a quien consideraron capaz de aportar al desarrollo académico y a la formación de estudiantes. Además, se señaló que su participación sería “clave” para fortalecer la vinculación estratégica entre la universidad y el entorno empresarial, así como para definir objetivos y metas para el siguiente ciclo de trabajo.
Sin embargo, semanas después de emitida la invitación, el documento ya no está disponible en las plataformas oficiales del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, y la universidad no ha emitido un posicionamiento público para aclarar si Rafael N. llegó a incorporarse formalmente al consejo o si el proceso quedó sin efectos tras su detención.
Este hecho se da en un contexto en el que, apenas un día antes de que se revelara la invitación, la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla también intentó deslindarse del empresario, eliminando de sus redes sociales publicaciones en las que aparecía junto al rector Raymundo Atanacio Luna durante la firma de un convenio de colaboración, y anunciando que analizaba rescindir dicho acuerdo.
Rafael N. fue capturado la madrugada del martes 14 de julio de 2026 en un operativo en el residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula. La Fiscalía General del Estado lo señala como presunto responsable de los ataques en la Vía Atlixcáyotl y confirmó que enfrentará una imputación por tentativa de homicidio, tras presuntamente disparar contra agentes ministeriales y elementos federales que cumplían la orden de aprehensión.
Este caso pone en evidencia la necesidad de que las instituciones educativas asuman una postura clara y responsable frente a la vinculación con actores cuya conducta puede afectar la seguridad y el bienestar social. La justicia social y la defensa de los derechos colectivos exigen transparencia y compromiso con la ética, especialmente en espacios formativos que deben contribuir a la igualdad y al desarrollo comunitario.