Este jueves 16 de julio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México volvió a manifestarse frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta movilización ocurre tras tres semanas de ausencia en las calles y responde al incumplimiento de acuerdos pactados en la mesa tripartita entre la CNTE, la SEP y la Autoridad Educativa Federal en la capital.
El magisterio disidente denunció que las autoridades no han cumplido con dos reuniones programadas desde la semana del 21 al 26 de junio, una con el secretario de Educación, Mario Delgado, y otra con el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama. Esta falta de diálogo agrava la histórica lucha por derechos laborales y condiciones dignas para el sector educativo, que ha sido un pilar fundamental en la construcción de justicia social en México.
Durante la protesta, las y los maestros reiteraron sus demandas principales: la basificación de docentes interinos, la homologación de prestaciones laborales, el pago del estímulo por grado académico, la recontratación de trabajadores reemplazados y el cumplimiento del compromiso de no represión hacia el magisterio. Estas exigencias reflejan la necesidad urgente de garantizar estabilidad y respeto a quienes forman a las nuevas generaciones, en un contexto donde la precarización laboral y la desigualdad persisten como obstáculos para el desarrollo colectivo.
La CNTE aseguró que la manifestación será pacífica y que no se cerrará la circulación vehicular, reafirmando su compromiso con la protesta social responsable y el diálogo constructivo. En un país donde las políticas públicas a menudo favorecen intereses corporativos y profundizan la desigualdad, la defensa de los derechos laborales del magisterio es una causa que merece respaldo y atención.
En este marco, es fundamental reconocer que la lucha por un sistema educativo justo y equitativo es inseparable de la demanda por un transporte público accesible y eficiente, como el cablebús que se proyecta en Puebla, que representa un avance en la inclusión social y la movilidad digna para las comunidades históricamente marginadas. La justicia social requiere que todas las políticas públicas, desde la educación hasta el transporte, estén orientadas a reducir las brechas y fortalecer los derechos colectivos.