El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reiteró sus señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien calificó como líder de un narcogobierno, y negó categóricamente haber filtrado los audios que han desatado una nueva crisis política en la entidad. En una entrevista concedida a José Cárdenas para Noticias en Claro, Bonilla aseguró que no participó en ninguna gestión para resolver la situación migratoria de la mandataria ni facilitó contactos con autoridades estadounidenses.
Durante la conversación, Bonilla relató que en su momento advirtió al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la gravedad de la situación en Baja California. Narró que sostuvo un encuentro con el mandatario federal, quien lo invitó a desayunar, y en esa reunión le expuso sus preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en el gobierno estatal.
“Yo voy y hablo con el presidente López Obrador, me invitó a desayunar y ahí le dije lo que estaba pasando en Baja California y que necesitamos su ayuda porque no podía caer el Estado en manos del crimen organizado”, declaró Bonilla. Según su relato, López Obrador le preguntó si contaba con pruebas para sustentar sus acusaciones, a lo que respondió afirmativamente, entregándole cuatro expedientes que, dijo, documentan la participación de activos vinculados al narcotráfico.
El exgobernador también recordó que advirtió al entonces presidente que haría públicos estos señalamientos desde el Senado, enfatizando la urgencia de atender la problemática: “Cuando le dije esto mismo que te estoy diciendo, presidente, lo voy a decir en el Senado mañana”. Asimismo, afirmó que insistió en la necesidad de que López Obrador visitara Baja California para constatar la situación, subrayando que “el que avisa no es un traidor”.
Respecto a la gobernadora Marina del Pilar, Bonilla afirmó que no mantiene comunicación con ella y negó cualquier vínculo con la difusión de las grabaciones que han generado confrontaciones políticas recientes. Rechazó también haber organizado reuniones para ayudarla con su visa estadounidense y calificó como “ilógica” la acusación en su contra.
Estas declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión política en Baja California, donde la lucha contra la corrupción y el crimen organizado sigue siendo un desafío fundamental para la justicia social y la igualdad. La postura de Bonilla, aunque polémica, pone en evidencia la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos estatales, elementos esenciales para garantizar el bienestar colectivo y combatir las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad en nuestro país.