Este jueves 16 de julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, inauguró en la sede del Departamento de Estado en Washington una cumbre que reunió a representantes de 66 países de Europa, Asia y América para abordar lo que la administración estadounidense considera un resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda a nivel global.
En su discurso de apertura, Rubio calificó esta amenaza como “real y transnacional”, y la vinculó con un supuesto movimiento denominado “Antifa”, al que atribuyó una red internacional de militantes que, según él, operan mediante ataques coordinados, propaganda y financiamiento clandestino. El funcionario estadounidense afirmó que estos grupos atacan infraestructuras estratégicas como oleoductos, ferrocarriles y redes eléctricas, y que cuentan con apoyo de Estados extranjeros hostiles a Washington.
Rubio también denunció lo que llamó un “doble rasero” en el tratamiento de la violencia política, al señalar que mientras los actos de grupos neonazis son condenados sin ambages, los cometidos por “revolucionarios marxistas” son vistos como “excesos de idealismo” o “fines virtuosos”. Esta visión, dijo, es compartida por sectores de la prensa, la academia y algunas instituciones tradicionales, que minimizan la amenaza de la extrema izquierda.
La reunión, que forma parte de una estrategia de ocho meses para consolidar aliados en esta causa, contó con la participación de países como España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay. No obstante, México, China, Brasil, Nicaragua y Colombia no figuraron en la lista oficial, aunque un integrante del futuro gobierno colombiano estuvo presente en el Departamento de Estado el mismo día.
Además de Rubio, asistieron altos funcionarios estadounidenses como el director del FBI, Kash Patel; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, conocido por su papel en la política exterior de presión sobre América Latina. Miller reiteró los argumentos de Rubio y forma parte de la continuidad de la doctrina Monroe 2.0, que busca influir en procesos electorales y operaciones conjuntas en la región, incluyendo acciones militares recientes.
En paralelo, el Departamento de Estado abrió el pasado lunes una convocatoria para otorgar subvenciones de hasta tres millones de dólares a grupos europeos que combatan la “censura” y promuevan “vínculos civilizatorios” con Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer redes afines a la agenda estadounidense.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, el entonces presidente Donald Trump designó a “Antifa” como grupo terrorista, tras un asesinato atribuido a un joven sin vínculos comprobados con la extrema izquierda. En noviembre, Washington incluyó a cuatro grupos europeos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, ofreciendo recompensas millonarias por información sobre sus actividades.
Este tipo de iniciativas reflejan la persistente criminalización de movimientos sociales y políticos que históricamente han luchado por la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos colectivos. En un contexto global marcado por la desigualdad y la concentración del poder corporativo, resulta preocupante que se utilicen estas estrategias para justificar la represión y la intervención en asuntos soberanos, mientras se ignoran las causas profundas de la conflictividad social.