Una familia de la colonia San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, denunció un presunto saqueo por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) durante un cateo realizado en el Aserradero El Ciprés. La diligencia, que según la familia carecería de fundamentos legales, ocurrió en la madrugada del 27 de marzo a las 2:00 horas.
Flor Ruiz y su madre, integrantes de la familia afectada, relataron que más de diez agentes armados llegaron con múltiples unidades a la vivienda que comparten con el aserradero. En una casa contigua habita otro hijo de la familia con su esposa y cuatro menores de edad. La familia documentó la presencia de un vehículo del Ejército, lo que añade gravedad a la intervención.
Ante la llegada de los agentes, Flor y su madre se resguardaron en la azotea y contactaron a su padre, quien no se encontraba en el lugar. A su llegada, se le negó el acceso, no le mostraron la orden judicial y no recibió explicación alguna. La familia permaneció resguardada hasta las 7 de la mañana, cuando descendieron y constataron que la Fiscalía había revisado exhaustivamente la casa, desactivado cámaras y sustraído objetos de valor, incluyendo joyería y dinero en efectivo.
La madre de familia narró con indignación: “Cuando me dirijo a mi cuarto veo desorden, ropa tirada, cosas, cajones abiertos. Observo que en mi vestidor ya no está donde yo guardaba mis ahorros, tenía unas carteras igual con dinero y ya me las habían vaciado. Me dirijo a mi tocador y veo que mis alhajeros también me los vaciaron… A mi hija también le robaron sus bolsas de mano, le robaron todas sus joyas.”
En la casa contigua, el hermano de Flor fue detenido sin explicación clara, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un vehículo y amedrentados con armas. Además, la familia denunció que todos sus vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio fueron retirados sin justificación, incluso en presencia de uno de los choferes.
La carpeta de investigación abierta contra la familia, con registro FGEP/CDI/FEIDVGCM/CJMPUEBLA-I/003921/2026, revela posibles irregularidades. El cateo fue autorizado por el juez de Control Regional Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está bajo investigación por la Fiscalía General de la República, aunque sin detalles públicos sobre los motivos.
La orden judicial argumentó la intervención ante denuncias vecinales por la presencia de adolescentes trabajando en el aserradero, vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, como Michoacán. Se investigaba el posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral de menores, conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Sin embargo, la familia señala contradicciones en la narrativa oficial: niegan la presencia de menores, no documentan varios objetos sustraídos, omiten la presencia del Ejército y aseguran que sólo seis personas participaron en el proceso, cuando las imágenes de cámaras de seguridad muestran más del doble de agentes.
“Ese es el tipo de servidores públicos que hoy tenemos que abusan de su autoridad, es este el tipo de jueces que autorizan estos cateos sin tener las pruebas suficientes, en solo basarse en la testificación de dos personas sin analizar pruebas, videos… pruebas suficientes para que puedan autorizar un cateo”, denunciaron.
En un video difundido en redes sociales, la familia