Este viernes 17 de julio de 2026, la columna “Rocha se quiere entregar”, publicada en El Heraldo de México, plantea que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, estaría dispuesto a entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, señala que esta posibilidad ha sido frenada por Morena y el Gobierno federal.
El texto, firmado por el periodista Manuel López San Martín, sostiene que Rocha Moya considera que comparecer ante la justicia estadounidense le permitiría defenderse directamente de las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. No obstante, asegura que desde el oficialismo existe un interés en impedir esa decisión, debido a que el exmandatario podría revelar información que comprometería a integrantes del movimiento gobernante.
Este caso ha escalado en medio de una crisis política y diplomática que comenzó tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el narcotráfico. En respuesta, Rocha solicitó licencia al cargo de gobernador para enfrentar las investigaciones, mientras el Gobierno de México ha exigido a Estados Unidos presentar pruebas concretas antes de considerar cualquier proceso de extradición.
En días recientes también circularon versiones sobre un supuesto operativo para detener al exgobernador en Culiacán, información que fue desmentida por el Gabinete de Seguridad federal.
Es importante destacar que la columna presenta la afirmación de que Rocha Moya “quiere entregarse” como información atribuida a fuentes del autor, sin confirmación oficial ni declaración pública del propio exgobernador. Asimismo, ni Morena ni el Gobierno federal han respondido a la afirmación de que estarían impidiendo una eventual entrega.
Este episodio se suma a las especulaciones que rodean la situación jurídica de Rubén Rocha Moya, uno de los temas políticos más relevantes en el país, en un contexto donde México mantiene firme su postura de exigir evidencias formales a Estados Unidos antes de avanzar en cualquier procedimiento legal.
En un país marcado por la desigualdad y la impunidad, resulta fundamental que los procesos judiciales se conduzcan con transparencia y respeto a los derechos, evitando que intereses políticos o económicos obstaculicen la justicia y la verdad.