El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, volvió a ser noticia este jueves 16 de julio de 2026 al anunciar que comenzó a rematar sus herramientas de trabajo, un día después de haber informado que pondría en venta su casa debido a problemas económicos.
A través de su cuenta en la red social X, Arriaga publicó la fotografía de un horno de convección acompañado del mensaje: “La SEP no me da mi liquidación y me veo en la necesidad de rematar las herramientas de trabajo. Ojalá algún camarada docente logre organizar una cooperativa comunitaria con este horno. Recuerden: ‘Si tuviera hambre, yo no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro’”.
Estas declaraciones se suman a las que hizo el miércoles 15 de julio, cuando afirmó que llevaba más de seis meses sin recibir su liquidación por parte de la SEP y que estaba “malbaratando” la casa que construyó como maestro para evitar que el banco la rematara por una deuda hipotecaria.
Las expresiones de Arriaga han generado una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron apoyo y solidaridad con su situación, otros retomaron las posturas ideológicas que el exfuncionario defendió durante su gestión en la SEP, caracterizadas por un discurso antineoliberal y referencias al pensamiento marxista y a modelos de organización comunitaria.
En este contexto, no faltaron críticas que señalaron una aparente contradicción entre sus convicciones políticas y la necesidad de recurrir a la venta de bienes personales para enfrentar dificultades económicas. Sin embargo, también hubo quienes defendieron que la situación laboral y económica de una persona debe entenderse de manera independiente a su ideología, y respaldaron su exigencia legítima de recibir la liquidación que le corresponde.
Marx Arriaga fue una figura central y polémica durante el sexenio pasado, especialmente por su papel en la elaboración de los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana. Su salida de la SEP, ocurrida en febrero de 2026, estuvo marcada por diferencias con la dependencia y un conflicto público derivado de su destitución.
Hasta el momento, la SEP no ha emitido ningún posicionamiento oficial respecto a las afirmaciones del exfuncionario sobre el retraso en el pago de su liquidación.
Este caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan trabajadores y servidores públicos en la defensa de sus derechos laborales, en un contexto donde la precarización y la desigualdad económica siguen siendo retos fundamentales para la justicia social en nuestro país.