Una violenta persecución y agresión vial tuvo lugar en distintos puntos de la ciudad de Puebla el jueves 16 de julio, cuando un conductor de un Nissan Versa modelo 2016, con placas UDX-548A, embistió en tres ocasiones a otro automovilista, circuló en reversa sobre la autopista Puebla-Orizaba y finalmente escapó.
Según el testimonio difundido en redes sociales por la víctima, el primer impacto ocurrió cerca de Soriana Bosques de San Sebastián. Sin detenerse, el agresor volvió a embestir al afectado a la altura de la Secundaria Técnica 50. La situación se agravó cuando ambos vehículos llegaron a la autopista Puebla-Orizaba, donde el presunto responsable condujo varios metros en reversa, poniendo en riesgo no solo al automovilista perseguido, sino también a decenas de familias y conductores que transitaban por esta importante vía.
La víctima denunció que durante la persecución realizó dos llamadas al número de emergencias 911 para solicitar apoyo, pero no recibió respuesta ni asistencia alguna por parte de las corporaciones de seguridad. Esta omisión en la atención de emergencias agrava la sensación de inseguridad y la impunidad que prevalece ante actos de violencia vial.
Como consecuencia de los impactos, el vehículo afectado sufrió daños severos y quedó prácticamente destruido. Tras la difusión del caso, usuarios en redes sociales compartieron fotografías y las placas del automóvil señalado, un Versa gris con matrícula UDX-548A, con la intención de que las autoridades puedan identificar y detener al responsable.
Hasta el momento, ninguna corporación de seguridad ha informado sobre la localización del vehículo ni sobre detenciones relacionadas con estos hechos.
Este incidente reaviva la urgente necesidad de fortalecer la respuesta policial y mejorar la atención a reportes de emergencia, especialmente en una zona metropolitana como Puebla, donde la violencia vial y la impunidad afectan la seguridad y el bienestar colectivo. La justicia social demanda que se garantice la protección de todas las personas en el espacio público y que se sancione con rigor a quienes ponen en riesgo la vida y la integridad de la comunidad.