El Tribunal de Enjuiciamiento dictó este viernes 17 de julio de 2026 una sentencia de 56 años de prisión contra José María Sosa Álvarez por el delito de desaparición de persona en agravio de Paulina Camargo Limón, hecho ocurrido en agosto de 2015. La resolución representa un avance en la búsqueda de justicia para Paulina y su hijo no nacido, quien tenía cuatro meses y medio de gestación al momento de la desaparición.
Al término de la audiencia, Rocío Limón, madre de la joven, expresó que la lucha por encontrar a su hija y a su nieto continuará con el respaldo de colectivos sociales. “Se logró hacer justicia para ella y para el bebecito, pero esto sigue siendo muy doloroso. Hoy puedo decir que valió la pena la lucha”, afirmó. Reconoció el apoyo constante, aunque a veces invisible, de familiares, amigos y simpatizantes que han acompañado a su familia durante casi 11 años.
La desaparición de Paulina Camargo ocurrió el 25 de agosto de 2015, luego de acudir a una consulta médica en la colonia San Manuel, cerca de Plaza Solé, acompañada por José María N., padre del hijo que esperaba. Tras no regresar a su domicilio, sus padres denunciaron su desaparición. José María N., conocido como Chema, fue detenido y recluido en el penal de San Miguel como principal sospechoso.
Aunque inicialmente fue sentenciado a 16 años por homicidio y aborto, sin que se encontrara el cuerpo de Paulina, su condena fue revocada y quedó absuelto tras recursos legales promovidos por su defensa. La sentencia actual, sin embargo, confirma la responsabilidad de José María Sosa Álvarez en la desaparición de la joven.
“Mi hija continúa desaparecida y José María Sosa Álvarez es responsable de su desaparición. Hoy puedo decirlo sin temor; él es el responsable, como lo ha sido durante estos casi 11 años”, subrayó Rocío Limón.
Al concluir la audiencia, familiares de Paulina e integrantes de colectivos celebraron la resolución con abrazos, consignas y el sonido de tambores, reafirmando la importancia de la justicia social y la lucha colectiva contra la impunidad que ha marcado la historia de las desapariciones forzadas en México. Esta sentencia, aunque tardía, es un paso hacia la reparación del daño y un llamado a fortalecer los mecanismos de protección y búsqueda de las víctimas, especialmente de mujeres y niñas, en un país donde la violencia y la desigualdad siguen cobrando vidas y derechos.