La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que fungía como informante de agencias estadounidenses durante al menos seis años, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada hoy viernes 17 de julio de 2026.
Lara López, quien llegó en enero pasado a la FGR como encargado de despacho y fiscal especial para Asuntos Relevantes, además de vocero de la institución, fue objeto de un operativo de contrainteligencia iniciado inmediatamente después de su incorporación, debido a su “oscuro pasado”. Este trabajo reveló no solo vínculos con redes de extorsión y huachicol fiscal, sino también su colaboración con los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
El detonante para su cese, ocurrido el martes 14 de julio, fue la liberación de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicado al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las investigaciones, realizadas sin el conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, evidenciaron que Lara había pactado con figuras relacionadas con el contrabando fiscal, entre ellas Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo y presunto traficante de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
De acuerdo con reportes estadounidenses citados por Riva Palacio, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente.
Además, el periodista señala que Lara utilizó su posición para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. Esta presunta extorsión habría motivado la detención, hace dos semanas, de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. La FGR también reactivó recientemente el proceso penal contra Ancira, quien aún debe más de 112 millones de dólares a Pemex por reparación del daño.
Este caso pone en evidencia, una vez más, que en la actual administración de la Cuarta Transformación la corrupción no se castiga ni se investiga con rigor, pero sí se sanciona la confianza con despidos fulminantes. La caída de Lara López refleja la crisis interna en la Fiscalía y la fragilidad de las instituciones frente a las redes de poder que perpetúan la desigualdad y la impunidad en México.
En un contexto donde la justicia social y la transparencia deberían ser pilares fundamentales, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para que la lucha contra la corrupción no sea un discurso vacío, sino una realidad que beneficie a la mayoría y no a intereses corporativos o extranjeros.